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23 F: el golpe institucional

El intento de golpe de Estado del 23-F fue el punto de inflexión de la transición. Por un lado, reforzó el sistema democrático y la corona como institución, especialmente la figura del rey Juan Carlos, y de otro, y a pesar de su fracaso, abrió un paréntesis de veinticinco años del acoso nacionalista. Para su caricatura fue conveniente que se mantuviera la especie de que el 23 F fue un golpe chapuza o una operación alocada protagonizada por unos militares rancios y nostálgicos, anclados en el pasado franquista con añoranza de los pronunciamientos del siglo XIX. Nada más lejos de la realidad. El 23 F fue un golpe de diseño, una operación especial del Servicio de Inteligencia (Cesid), que, stricto sensu, no quería romper el juego democrático. Jamás pretendió tener carácter involutivo ni el deseo de retornar a ninguna fórmula del reciente pasado autoritario o de dictadura; por el contrario, la operación quirúrgica tenía por objeto reforzar el Estado y la Corona bajo el sistema democrático, que se estaba desmoronando por la grave crisis abierta entre la clase política y la destrucción de UCD.
Con el golpe de Estado se pretendía hacer un nuevo pacto democrático, utilizando elementos de ultraderecha antidemocráticos. Tal juego maquiavélico buscaba ofrecer una satisfacción a quienes querían dar una lección a la clase política que estaba actuando frívolamente, castigar a Suárez en lo político y a Gutiérrez Mellado en lo militar, imponer el efecto vacuna anulando otras pretensiones golpistas no controladas en el futuro, extender un cheque en blanco para que el nuevo gobierno surgido del consenso bajo la presión de la amenaza y la exhibición de las armas, no tuviera cortapisas para afrontar la reforma constitucional, política y autonómica, y apaciguar los ímpetus soberanistas de los nacionalismos vasco y catalán, corregir los excesos de un inventado proceso autonómico y frenar su alocado y suicida desarrollo, reestructurar las fuerzas políticas fomentando la alianza de la gran derecha, dar una batalla dura al terrorismo, salir de la crisis económica y financiera e impulsar el sentido de nación, el concepto de España.
La reforma política auspiciada por los reformistas del régimen franquista, bajo la batuta de Torcuato Fernández Miranda y un aventurero y simpático seductor Adolfo Suárez, que tiene un estilo osado de hacer política, entonces en plena sintonía con el rey, posibilita la voladura de las estructuras del franquismo, dando paso a la ruptura pactada en la que la izquierda es simple espectadora. Después al consenso. Luego al desencanto. Más tarde a un juego conspirativo abierto en todos los frentes contra Suárez. Y finalmente al 23-F.
Pero uno de los momentos más delicados y difíciles en el tránsito hacia la democracia es la legalización del Partido Comunista. El 9 de abril de 1977 Suárez, de acuerdo con el rey, da instrucciones para que se inscriba el Pce, que lidera Santiago Carrillo, en el registro de Partidos Políticos. Pasará a la historia como el Sábado Santo Rojo. La sorpresa es general para casi todos, especialmente entre las Fuerzas Armadas. Nadie ha advertido ni informado a la cúpula militar de la medida política. Se entera por la radio y la televisión. Y cae como un bombazo. En los días siguientes cuaja un sentimiento de rebelión general, que se manifiesta con protestas y dimisiones, que el rey consigue amortiguar y paralizar, salvo la del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga. El Ejército no se irrita por el hecho de la legalización en sí, sino por la forma de llevarla a cabo, por el engaño que ha supuesto la violación de una promesa y una palabra dadas. Ocho meses atrás, Suárez había ido desgranando ante los altos mandos militares el espíritu y la letra de la reforma política, asegurándoles de manera firme y rotunda que «el Partido Comunista nunca será legalizado. Tenéis mi palabra de honor». La reunión había concluido con un «¡Viva la madre que te parió!», lanzado por el general Mateo Prado Canillas, capitán general de la VI Región Militar (Burgos) y el comentario de «a este chico hay que ayudarlo» del general Coloma Gallegos, capitán general de la IV Región Militar (Barcelona), asumido por todos. Sin embargo, el compromiso personal adquirido por el rey Juan Carlos con Santiago Carrillo y la necesidad de que la nueva implantación democrática acoja a todos, hace necesaria la legalización del Pce. Pero nadie reúne de nuevo a los mandos militares para explicarles la nueva situación ni les advierte de la decisión que se debe tomar.
El Ejército, verdadero poder fáctico, ha sido disciplinado con el mandato póstumo de Franco y es el gran protector de la Corona en la nueva etapa, por lo que resulta un factor decisivo para que la vía hacia la democracia se haga sin convulsiones desestabilizadoras. Gutiérrez Mellado, que había sustituido pocos meses antes al general Fernando de Santiago -un «pesimista», según Suárez- como vicepresidente del Gobierno, se había comprometido a explicar la medida a los ministros militares con antelación. Pero no lo ha hecho. Y el Ejército toma el asunto como una traición. Desde entonces la inquina militar se centralizará en Adolfo Suárez al que calificarán de tramposo, y en Gutiérrez Mellado, que si hasta ese instante era querido y respetado entre la familia militar, pasará a ser un factor más de tensión que de pacificación militar; le apearán del empleo de teniente general para dejarlo en «señor Gutiérrez» o simplemente «el Guti». Las fas se descuelgan de seguir colaborando en el proceso democrático. Pero no conspirarán contra el sistema por este motivo. Se mantendrán disciplinadas a las órdenes del Rey. Asistirán con honda preocupación a la desestabilización política. Y sentirán con hondo desgarro la sangría terrorista de Eta. Sólo a partir del verano de 1980, pequeños grupos de coroneles empezarán a mantener reuniones conspirativas ante la mala marcha de las cosas, pero en ningún caso llegarán a alcanzar fase operativa alguna. Por lo que para nada se puede establecer una línea de continuidad entre la legalización del Pce y el desencadenante del 23 F.

Las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras de la etapa democrática, dan una mayoría relativa al conglomerado de la UCD, un engrudo de pequeñas familias políticas que se han constituido en partidos en torno al liderazgo de Suárez, del que esperan repartirse parcelas de poder. El Psoe, con un millón menos de votos, es la segunda fuerza política. Suárez se siente respaldado por más de seis millones de votos. Ya no es una figura colocada por el rey. Es un presidente legitimado democráticamente por las urnas, en plena sintonía con el rey, pero no de dependencia. Ha roto amarras con su protector, Torcuato Fernández Miranda, que decepcionado con el rumbo que parece apuntar la cosa pública, se irá melancólicamente apagando en la política. También con su vicepresidente Alfonso Osorio, con el que hasta entonces venía vibrando en fase democristiana, pero ahora siente la llamada de disputarle la parcela socialdemócrata a Felipe González, de quién rechaza la sugerencia de retornar a un turnismo Ucd-Psoe, similar a la época de la restauración. No obstante, la minoría mayoritaria alcanzada le obligará al pacto. Y Don Juan Carlos en la apertura solemne de la Legislatura aboga por una constitución que de cabida a todos. Será la etapa del consenso.
El desarrollo de la ruptura pactada refrenda y sanciona la Constitución de 1978 como marco de convivencia y estabilidad para todos los españoles en el nuevo orden. Para alcanzar el acuerdo político todos han tenido que ceder algo en sus pretensiones. Sin embargo, y como consecuencia de cierta improvisación, la Constitución se ha pergeñado con unas serias imperfecciones al incluir en su Artículo Segundo el término «nacionalidades» y el desarrollo de las Comunidades Autónomas en su Título VIII. La «astuta» idea del café para todos, al objeto de frenar las exacerbadas ansias de los nacionalismos secesionistas, no ha dejado de ser más que un planteamiento excesivamente simplista. Los nacionalistas vascos y catalanes, que soñaban en un principio con recuperar lo que la Segunda República les otorgó y la guerra civil y el franquismo les suprimió, van a darse unos nuevos estatutos que elevan su techo competencial sin que se frenen sus ansias soberanistas y en permanente disputa con el desarrollo estatutario simétrico. La tábula rasa general no es aceptada. Cataluña y Euzkadi están por encima de cualquier otra región española. Gutiérrez Mellado, que ha tenido serios encontronazos con sus compañeros de milicia al intentar explicarles la nueva estructura política, afirma tajante en la Pascua Militar de 1978 que «España es una y los españoles no vamos a tolerar que se rompa». En el horizonte empieza a perfilarse cierta amenaza de golpe militar. A finales de octubre de 1978, José María Gil Robles, el veterano líder de la Ceda, preconiza que «si continúa el estado de cosas actual es posible que se haga inevitable».
En las elecciones de marzo de 1979 Suárez vuelve a salir ganador in extremis apelando desde la televisión a la amenaza marxista. González sentía ya el poder en su mano. Y llora de rabia y frustración. Desde el Psoe se inicia el acoso a Suárez a muerte. Y el presidente se gana también la irritación de sus barones, los jefes de filas del conglomerado ucedista, al quedarse fuera del nuevo Gobierno. Comienza la descomposición de Ucd al tiempo que el Ejército incrementa su indignación y malestar. El día del Corpus de 1979 el presidente de la Generalidad, Joseph Tarradellas, avisa desde Morella (Castellón) que «España necesita un golpe de timón para resolver los graves problemas que un país como el nuestro tiene planteados. Si no ponemos todos lo medios para construir la paz entre todos, la repetición de la catástrofe es una idea no descartable». Uno de los presentes al acto es el comandante de Estado Mayor José Luis Cortina, jefe operativo del Cesid, que en la planificación y desarrollo del 23 F tendrá un papel muy destacado. Al inicio del otoño del 79, Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar (Valencia), lanza un aldabonazo preocupante: «Objetivamente hablando, el balance de la transición –hasta ahora- no parece presentar un saldo positivo: terrorismo, inflación, crisis económica, paro, pornografía y, sobre todo, crisis de autoridad.» El terrorismo, fundamentalmente de Eta y en menor medida de los Grapo, presenta unos números sobrecogedores: en 1976 ha perpetrado 33 asesinatos, pero es en 1978 con 113 asesinatos y 356 heridos, y en 1979 con 247 muertos y 784 heridos, cuando su balance es espeluznante.
En la Pascua Militar de 1980 el rey exhorta a mantener la disciplina en las Fas, al igual que de forma enérgica lo hiciera en el acto del año pasado, tras el asesinato del general Ortín, gobernador militar de Madrid, pero en esta ocasión matiza que esa misma disciplina «puede inspirar tanto prudentes abstenciones como impulsar actuaciones decididas si se determina -por quien legal y constitucionalmente debe hacerlo y no en virtud de interpretaciones subjetivas». Adolfo Suárez se desenvuelve en el mar de la confusión. Se ha dado cuenta de que hay que parar -racionalizar es la palabra- el desarrollo autonómico, pero tampoco se siente con fuerzas para resistir las presiones que recibe. El proceso autonómico es un viaje hacia ninguna parte. El presidente Tarradellas que está a punto de traspasar el poder de la Generalitat a Jordi Pujol, «ese pequeño ser», como le distingue con poco respeto, hace unas declaraciones el 14 de marzo al semanario portugués O Tempo, que resultarán clarividentes: «Estoy convencido de que es inevitable una intervención militar… Las autonomías no constituyen una solución para España… Nuestro país afronta la cuestión del País Vasco, que, para mí, es dramática.» Y es que Eta sigue en su progresión sangrienta: 35 muertos en los tres primeros meses de 1980.
El 20 de mayo Felipe González presenta por sorpresa en el Congreso una moción de censura contra Suárez que cae como una losa en el área gubernamental. La iniciativa no saldrá adelante, pero tendrá unas consecuencias demoledoras para el presidente. Según Pablo Castellano el objetivo es «romper la Ucd y formar con parte de ella un nuevo gobierno de coalición con González a la cabeza… La moción de censura fue una bomba de efecto retardado que al final dio su fruto al dejar aislado al propio Suárez con respecto a sus familias y baronías.» Alfonso Guerra, siempre vitriólico, proclama: «Suárez no soporta más democracia; la democracia no soporta más a Suárez». Desde ese momento, todos estarán a una para derribarlo. En los primeros días de julio Suárez se reúne en cónclave con los barones de Ucd en una finca de Manzanares el Real, en la sierra baja del Guadarrama. Su liderazgo es cuestionado por casi todos. Joaquín Garrigues no lo acepta «si sigue gobernando como hasta ahora» y Landelino Lavilla, presidente de Las Cortes, ve «un futuro muy negro» De la casa de la pradera sale un presidente capitidisminuido y sin autoridad. Hace ya un tiempo que las relaciones entre el monarca y Suárez se basan en el escepticismo, la desconfianza y el distanciamiento. Aquella química de identidad, sinergia de fusión, complicidad en la gestión y sintonía en un objetivo común se ha desvanecido. El monarca recibe en audiencia uno a uno a los jefes de partido de la oposición. Les transmite que ante la gravedad del momento, está dispuesto a utilizar el mecanismo de arbitraje y moderación, que de forma muy confusa le faculta la constitución. González piensa que el desgobierno de la Ucd está arrastrando a España al caos y es necesario adelantar las elecciones o, en todo caso, estudiar la formación de un gobierno de gestión, sin Suárez, con un independiente a su cabeza. Fraga cree que si no se ataja de inmediato la situación, vamos a vivir una grave crisis de Estado que puede afectar a la corona de la que, naturalmente, será responsable Suárez. Y Carrillo se muestra partidario de un gobierno de coalición.
En un viaje oficial al Perú, el presidente analiza la situación política y ante los rumores cada vez más extendidos sobre un gobierno de coalición, reconoce a los periodistas que «conozco la iniciativa del Psoe de querer colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡Es descabellado! Desde el Cesid se lanza la operación de forzar la dimisión de Suárez mediante una presión de anillos concéntricos desde todos los poderes fácticos, para crear una nueva mayoría en un gobierno de gestión Ucd-Psoe -de salvación nacional- con un general a su cabeza. Si bien es cierto que en un principio se ha pensado en un civil independiente, finalmente la persona escogida es la del general Alfonso Armada Comyn, gobernador militar de Lérida, monárquico de raíz, preceptor del príncipe Juan Carlos, secretario general de la Casa del Rey, apreciado entre la milicia y de toda confianza del rey Juan Carlos.

Los cerebros que están planificando meticulosamente esta acción son los de Javier Calderón, secretario general del Servicio de Inteligencia, pero de facto el verdadero número uno del Cesid, por la continua interinidad de los diferentes directores que se van sucediendo, y José Luis Cortina, jefe de los grupos operativos de misiones especiales, con el apoyo entusiasta de su segundo en la Aome, el capitán Francisco García Almenta. El comandante Cortina asume el papel de crear un staff reducido y selectivo y desarrollar una campaña de imagen a favor del general Armada. A lo largo de los próximos meses mantendrá numerosas reuniones, reservadas y secretas muchas de ellas, con altos responsables de los partidos parlamentarios -Ucd, Psoe, Cd y Pce-, con el mundo empresarial, financiero, eclesiástico y diplomático, a quienes convencerá para que apoyen la salida de un gobierno de «salvación nacional» presidido por el general Armada como la única o la mejor de las posibles. Incluso llegará a dejarse oír en la Zarzuela, donde su majestad lo trata con toda confianza reiterándole que hay que darle hecha la solución. El rey y Cortina pertenecen a la XIV promoción de la Academia General Militar. La solución Armada u Operación De Gaulle, es un trabajo teórico que luego de su paso por el Cesid, han dejado escrito los capitanes José Faura Martín y José María Peñaranda y Algar, quienes con el tiempo alcanzarán el generalato y, en el caso del primero, la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, el más alto empleo de la cúpula militar. Dicho plan contempla dar un golpe de timón dentro de la legalidad ante un caso de supuesto anticonstitucional máximo (SAM), tras el que se forzaría la formación de un gobierno de concentración, integrado por representantes de los partidos políticos. Y presidido por un general. El nombre de Operación De Gaulle procede del golpe de Estado institucional que llevó al general De Gaulle democráticamente al poder en 1958. El general Armada ha podido conocer y estudiar este modelo tras sus dos años de estancia en la Escuela de Guerra de París, entre 1959 y 1960.
Simultáneamente el comandante Cortina ordena al capitán García Almenta, que forme un grupo especial de agentes ajeno a la disciplina del propio servicio, que dependerá únicamente de su mando directo. Es El Sea (Servicio Especial de Agentes) integrado, entre otros, por el sargento Sales Maroto y los cabos Rafael Monge y José Moya, todos de la Guardia Civil, quienes la tarde del 23 F servirán de enlaces y conducirán a la fuerza asaltante de Tejero hasta el Congreso. La base se instala en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en un piso de la calle Felipe IV esquina con Ruiz de Alarcón. Además, Cortina ordena al capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias, jefe de uno de los grupos operativos de la Aome, que fomente las relaciones con Tejero. El capitán Gómez Iglesias es buen amigo del teniente coronel desde que sirvió a sus órdenes en la Comandancia de Guipúzcoa. Tejero, tras su aventura frustrada de la Operación Galaxia, resuelta judicialmente como «una charla de café», está siendo vigilado muy de cerca por el Servicio de Inteligencia, que fotografía y graba todos sus encuentros. En el Cesid Cortina conoce perfectamente que el teniente coronel Tejero está lanzado a asaltar el Congreso de los Diputados un día de pleno con todo el Gobierno dentro.
En el Psoe, Felipe González prepara el terreno en el comité ejecutivo del 18 de octubre para cuando se produzca el salto a un gobierno de concentración. Sabe que hay resistencia en ciertos sectores del Partido y quiere cubrirse las espaldas. «El país, afirma, es como un helicóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a la vez. Estamos en una situación de grave crisis y de emergencia. Es hora de que el Gobierno y Suárez se percaten de ello.» Unos días antes la cúpula socialista ha invitado a almorzar en el restaurante Parrillón al general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey. Le indagan sobre los rumores de los diferentes golpes que circulan, especialmente al que llaman «de la banda borracha», que Sabino relaciona con la figura del teniente coronel Tejero. Analizan el momento político y González afirma que bajo el desconcierto en el que está sumida la Ucd y la extrema debilidad con que gobierna Suárez, la situación no aguanta hasta las próximas elecciones. Por eso el Partido Socialista está dispuesto a participar activamente en un gobierno de coalición siempre que sea constitucional, y en el que participen todas las fuerzas políticas democráticas, si con ello se evita la involución. Para presidir ese gobierno «ha surgido la figura del general Armada, le revelan, que ha sido perfectamente aceptado por nosotros». González le asegura por último que los socialistas conocen bien el desánimo que el rey siente por el presidente, que se ha cansado de él.
La dirección socialista aprueba que Enrique Múgica se entreviste con el general Armada a fin de calibrar su definitivo compromiso. En un principio, Felipe González había pensado ser él mismo el interlocutor. Prudentemente lo ha desechado después. El 22 de octubre de 1980 Enrique Múgica almuerza en Lérida con el general Alfonso Armada. El encuentro tiene lugar en la casa del alcalde leridano Antoni Siurana, calle Vallalt 44. En la mesa se sientan Enrique Múgica, diputado por Guipúzcoa, secretario para la relaciones externas del Psoe y vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Es de hecho el número tres del partido. Joan Reventós, secretario de los socialistas catalanes; Antoni Siurana, alcalde socialista, y Alfonso Armada. La conversación gira sobre el grave momento político y la actitud del ejército. Hablan de salvar la situación mediante la formación de un gobierno de concentración presidido por un general, tras desbancar a Suárez por una moción de censura o logrando que su partido lo eche o que el rey consiga que dimita. Y añade Múgica tajante: «Usted va a volver pronto a Madrid».

Desde ese momento y hasta poco antes del 23 F, la nomenclatura del Psoe, Alfonso Guerra y Peces Barba, principalmente, se dedicarán a promover la fórmula del «gobierno de gestión más un general». Así, como si la iniciativa fuera suya, hablan con los líderes de los grupos críticos centristas, con Osorio, Fraga y Areilza de Coalición Democrática, con Ramón Tamames en el Partido Comunista, con representantes nacionalistas catalanes y con el diputado Marcos Vizcaya del Pnv. Parecidas «iniciativas» hacia el gobierno de concentración o de salvación nacional, se desarrollan desde otros ámbitos políticos y en la prensa a través de prestigiados articulistas. En la cena tertulia de Calicanto González vuelve a repetir la imagen del país/helicóptero con todas las luces rojas de emergencia encendidas. «Es anticonstitucional -precisa- que el rey acabe con Suárez o conmigo, pero aún así la vida política de Suárez depende más del rey. Es probable, sólo probable, que el rey le diga a Suárez que se vaya.» Y el 9 de noviembre es Manuel Jiménez de Parga quien se arranca desde las páginas de El País con un artículo, «Oportunidad y conveniencia de la gran coalición Ucd-Psoe», dada la descomposición interna centrista y la marcha a la deriva del gobierno. Por esas fechas el diario Pueblo publica en un editorial que «nunca en nuestra historia el Ejército se ha pronunciado por capricho, sino cuando civiles imprudentes o cobardes le habían empujado o cuando se había desplomado la autoridad del Estado… Nunca son los militares, sino sus estúpidos provocadores, quienes motivan los golpes de Estado.»
Y es aquí donde adquiere una dimensión importante la supuesta trama civil. Si en el 23 F se quiere buscar un protagonismo civil hay que mirar hacia los responsables de los partidos políticos parlamentarios que se pasaron el año de 1980 conspirando abiertamente contra Suárez y dinamitando al partido centrista. Especialmente desde las filas socialistas y, sobre todo, los barones y sus respectivas familias en el propio seno de la UCD. Muchos de ellos se embarcaron en una dinámica que iba mucho más allá de la pura y legítima confrontación política. Hasta llegar a asumir acuerdos de gobiernos de salvación u Operaciones De Gaulle. El general Fernández Campo lo describe con esta claridad: «Y tal vez, me atrevo a imaginar, ejercicios peligrosos de civiles a quienes, siguiendo la tradición de los «pronunciamientos» en la Historia de España, les gusta jugar con fuego para impulsar la actuación militar y conseguir «cambios de timón», aunque luego la marcha de las cosas tome un rumbo imprevisto y no puedan aprovecharse los beneficios pretendidos. Pablo Castellano fue testigo de cómo en el PSOE «se hizo el silencio muy rápidamente» tras el 23 F cuando circulaban intensos rumores de que miembros de la ejecutiva habían ido mucho más lejos de un simple «coqueteo» o galanteo con alguno de los marciales ofertantes de soluciones «constitucionales». «Muchos años después –recuerda- no sé si atando bien cabos o deslindando redes, sigo teniendo la convicción de que, además de la llamada trama civil integrista y de la trama militar golpista, hubo una trama de conspiradores de «salón de sesiones», unos sentados en sus escaños y otros con cara de póquer, mirando a la pared en alguna saleta aledaña.»
El 11 de noviembre el Cesid pone en circulación muy restringida (únicamente lo da a conocer al rey, presidente del gobierno, vicepresidente para la Defensa y ministro de Defensa) un amplio informe que bajo el título Panorámica de las operaciones en marcha, expone una amplia serie de conspiraciones en el ámbito civil y una triple variedad de golpes en lo militar: el de los generales, de los coroneles y espontáneos. Sin embargo, la clave del documento está en la Operación mixta cívico-militar, que es la que se desarrollará el 23 F. El texto antológico expone que un grupo de civiles sin militancia y de generales con brillante historial, son quienes la están promoviendo. El plan es forzar la dimisión de Suárez, provocar la discreta intervención de la corona y designar nuevo presidente a un general que contaría con todo el apoyo del Ejército. Un gobierno de civiles independientes y otros propuestos por los partidos mayoritarios, formarían un gobierno de «salvación nacional» para acometer una serie de reformas políticas y constitucionales hasta agotar la presente legislatura y convocar nuevas elecciones. La colaboración Ucd- Psoe es obligada e insoslayable. De no avenirse de grado, no quedaría más recurso que la fuerza, militar, por supuesto. La operación lleva gestándose un año. Y líderes de Ucd y Psoe ya han dado su vehemente conformidad. «La viabilidad de la operación es muy alta y su plazo de ejecución se estima que podría culminar para antes de la primavera de 1981.»
El 12 de noviembre el general Armada sube desde Lérida hasta el refugio de montaña que la familia real tiene en el Valle de Arán, iniciando así una serie de reuniones que mantendrá con el rey hasta el 23 F. Don Juan Carlos le muestra su honda preocupación. Las cosas no pueden ir peor. El proceso autonómico se ha escapado de las manos, terrorismo, paro, inflación, una grave crisis económica y, sobre todo, la descomposición interna de Ucd. El 3 de diciembre es Felipe González quien despacha con el rey. La decisión del Psoe es firme: está dispuesto a colaborar y formar parte de un gobierno de gestión de nueva mayoría. Pero urge resolver de inmediato la salida de Suárez. Miguel Herrero, flamante portavoz en el Congreso y uno de los más activos del sector crítico de Ucd, comenta a Sabino que el rey tiene que echar a Suárez cuanto antes. «Dile al rey que o se carga a Suárez o esto se va al desastre.»
Entre el 17 de diciembre de 1980 y el 1 de febrero de 1981, El Alcázar, órgano de la Confederación de Excombatientes, que preside el ex ministro de Franco, José Antonio Girón, publica las tres entregas de Almendros. Su autor es el general Cabeza Calahorra, quien en el juicio del 23 F será el codefensor militar del general Milans del Bosch. Durante muchos años su figura quedó velada en la bruma del enigma y el misterio, protegido bajo el manto de un confuso «colectivo». Antes de fallecer, el general Calahorra confesó ser Almendros al autor de este trabajo. Los servicios de inteligencia siempre hicieron informes erráticos sobre quién se escondía tras Almendros. Lo que unido a la especulación política y periodística, hicieron que el suyo fuera uno de los secretos mejor guardados del 23 F. Los tres artículos suponen un aldabonazo, una fuerte convulsión en el caos político que vive España. Análisis político del momento militar (17.12.80), La hora de las otras instituciones (22.1.81) y La decisión del mando supremo (1.2.81), son el aviso adelantado de la operación, perfectamente diseñada, que anuncia la inmediata dimisión de Suárez y la resolución de la gravísima crisis en la Operación De gaulle o Solución Armada. El Alcázar es un periódico de amplía difusión en los cuarteles y, por lo tanto, los artículos están dirigidos al ámbito castrense. En ellos se expone que la conveniencia nacional exige que la solución no se resuelva de forma miope en el puro continuismo ni en fórmulas de parcheo, que serían un nuevo fracaso más, o en reducir la salida de la crisis a la búsqueda de un gobierno de coalición, cuya «única viabilidad se fundamentaría en el prestigio y la autoridad fáctica de quien lo presidiere». Sino en el reiterado «golpe de timón que posibilite la formación de un gobierno de regeneración nacional asistido de toda la autoridad que precisan unas circunstancias tan excepcionales como las que vivimos. Un gobierno que se vea respaldado por las instituciones». «La respuesta a la encrucijada de esta hora de España no está en congresos ni en partidos». «Es el tiempo protagónico de las otras instituciones: el rey y las Fuerzas Armadas», publicado esto último en el último de la serie el 1 de febrero del 81. A veintidós días del 23 F.
El 18 de diciembre el rey recibe a Armada en la Zarzuela. Le comunica que en unos días regresará a Madrid como segundo Jeme (Jefe del Estado Mayor del Ejército) y le participa su preocupación porque Suárez se resiste a dimitir y la situación no es soportable por mucho más tiempo. En esas fechas la Comisión de Justicia del Congreso aprueba el proyecto de ley de divorcio. En cardenal Tarancón, presidente aún de la Conferencia Episcopal y el próximo nuncio del Vaticano, monseñor Innocenti, se sienten frustrados y engañados. Habían pactado con el presidente los límites de esa ley. Ello supone la pérdida de un eslabón más de apoyo gubernamental que, en cascada, están precipitando al Gobierno hacia la soledad y el aislamiento más absoluto. El 22 de diciembre el rey despacha con Suárez, que ha tenido otro fuerte revés en la votación del Estatuto de Galicia. Don Juan Carlos le comunica que se va a traer al general Armada a Madrid de segundo Jeme. Suárez, casi sin pulso, le pide que retrase un poco esa decisión. Necesita un poco de tiempo para buscar una salida digna. En el mensaje de Navidad, el monarca pide hacer una «reflexión serena y profunda sobre nuestro propio ser como nación y sobre nuestro destino como pueblo.» Y al enumerar los graves males del momento, dice que exigen «la necesidad de fijar los límites que no pueden traspasarse y de integrar los intereses y comportamientos individuales, de partidos o regiones en ese marco de grandes objetivos comunes que traza nuestra Constitución.»
1981 deja atrás un «maldito año bisiesto», que ha supuesto una tremenda agonía política para el presidente Suárez en un imparable torbellino conspirador y que tan sólo en la brutalidad terrorista muestra un balance salvaje: 132 muertos, 432 heridos y más de 480 atentados. Dentro de su burbuja autista, al presidente se le critica por no acudir a ninguno de los enterramientos y funerales de las víctimas del terrorismo. Ni siquiera a los de sus propios correligionarios. La portavoz gubernamental Rosa Posada –Carlos II vestida de Mariquita Pérez, según Alfonso Guerra- excusa al presidente del Gobierno quién «no puede acudir a los entierros porque está ocupado en asuntos más importantes.» Mientras que para Chus Viana, presidente de la Ucd Vasca, «nos vemos más en los funerales que en las reuniones de partido. Esto es un continuo día de difuntos».
El 3 de enero Armada vuelve a subir desde Lérida a La Pleta, el refugio de los reyes en Baqueira. Don Juan Carlos le detalla la última conversación mantenida con el presidente. Le desespera. Le dice que está harto de Suárez. El general le informa de lo que se está cociendo en el ambiente militar. El rey le pide que se mantenga muy atento, que hable con Milans, ambos, por su lealtad, son una garantía para la corona. Y debe informarle inmediatamente de todo cuanto conozca. La celebración de la Pascua Militar tiene ese año un sentido especial. El día 5 de enero son los jefes militares los que se reúnen ante el Jeme Gabeiras. El jefe del Ejército rinde un sentido homenaje a los camaradas asesinados por los enemigos de España. Sus palabras traen ecos de una intervención militar que se adivina cercana: «El ejército, tengámoslo bien presente no sueña con imposiciones ni dictaduras, pero está irrevocablemente dispuesto, para la salvación de España, a cumplir con su misión perfectamente definida en la Constitución, que se fundamenta, como bien claro lo dice su artículo segundo, en la indisoluble unidad de la nación española.» Al día siguiente, 6 de enero, el rey recibe en el Palacio Real a las comisiones de los altos mandos militares de los ejércitos. De forma grave y serena deja flotando en el ambiente una frase enigmática: «Porque sabemos a dónde vamos y de dónde no se puede pasar.» El 10 de enero el general Armada cumple la orden del rey y se reúne en Valencia con el general Milans. Acuerdan neutralizar las posibles acciones que no concluyan en la Solución Armada, que ya tiene luz verde. El rey ha decidido que el general de División sea nombrado en breve segundo Jeme. La dimisión del presidente parece más cercana. Ese mismo día Diario 16 publica a cinco columnas unas declaraciones de Tarradellas, quien tras un viaje a Madrid está asustado del «fatalismo actual» que se respira en la capital de España. Para el ex president todo se ha desquiciado, arremete sin contemplaciones contra el desarrollo autonómico, que amenaza con la ruptura y la disgregación del país. Si no hay unidad en España no nos salvamos. «Hemos corrido demasiado.. Los partidos políticos tienen que pensar más en el país que en ellos mismos». Y remata: «Lo que el país necesita es una fuerte sacudida.»
El domingo 18 de enero un pequeño grupo de militares se reúne a las cuatro de la tarde en un piso de la calle General Cabrera 15 convocados por el capitán general de Valencia. La vivienda es propiedad del teniente coronel Pedro Más Oliver, ayudante del general Milans. Asisten además el teniente general Carlos Iniesta Cano, general de división Luis Torres Rojas, general de división Francisco Dueñas Gavilán, general de división Carlos Alvarado Largo, teniente coronel Antonio Tejero Molina y el paisano Juan García Carrés. La reunión la han decidido Armada y Milans en Valencia el pasado día 10. La cita es secreta, salvo para los agentes del Cesid que el comandante Cortina ha enviado camuflados en una furgoneta desde la que toman fotografías y graban la conversación. Al cónclave debía acudir también el general Armada, que ese domingo tenía la excusa perfecta para estar en Madrid por la celebración de la boda de un familiar. Pero a última hora ha decidido quedarse en Lérida. Por prudencia. El objeto del encuentro es diverso; advertir al general Iniesta para que nadie del grupo de coroneles con los que viene reuniéndose haga nada, articular la primera parte de la operación que debe forzar el desenlace de la Solución Armada y examinar el plan que Tejero tiene previsto de asaltar el Congreso de los Diputados como efecto desencadenante. La parte operativa es exclusivamente militar y Milans invita a García Carrés, al que tiene estima, a abandonar la reunión. El general Alvarado, que ha sido durante 25 años profesor de táctica y jefe del Estado Mayor de Milans en la División Acorazada, es el encargado de valorar la viabilidad operativa de la acción de Tejero. Y así lo recuerda: «Le busqué las vueltas posibles por todos lados, porque a mí me parecía inexplicable que Tejero, que ya se había distinguido por la Operación Galaxia se moviera libremente, sin que lo estuvieran pisando los talones los servicios de inteligencia. Se mostró muy seguro, precisando que prácticamente tendría un pasillo libre hasta el Congreso, dándonos a entender que contaba con la colaboración de los del Cesid». Después Milans expone el desarrollo de la operación. Carlos Alvarado la recoge así:
«El día D y hora H (que se fijarán oportunamente), aprovechando un pleno de las Cortes, previsto para mediados de febrero, el teniente coronel Tejero con fuerzas de la guardia civil, ocupará el Congreso de los Diputados y retendrá en él al gobierno y a los diputados.

Acto seguido, el capitán general de Valencia hará público un bando por el que se hará cargo del gobierno civil y militar de la Región, como consecuencia del vacío de poder producido, y ocupará puntos importantes de la capital de la Región y provincias de la misma.
Simultáneamente en Madrid, la División Acorazada Brunete 1, al mando del general Torres Rojas, ocupará puntos de la capital previstos en la operación Diana y esperará órdenes del general Armada.A partir de ese momento, todas las órdenes que se den partirán de la Zarzuela, cursadas o transmitidas por el general Armada, quien en principio, se encontrará en el Estado Mayor del Ejército.»
El jueves 29 de enero Adolfo Suárez hace pública su dimisión por radio y televisión. Tres días antes se lo ha comunicado en primer lugar a Sabino Fernández Campo en la Zarzuela y posteriormente a los reyes durante el almuerzo. Don Juan Carlos tan sólo le dice que le hará duque. Suárez no explica las razones de su dimisión que envuelve bajo un enigma amenazador. «No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España». Pero lo cierto es que el sector crítico y gran parte de los barones de Ucd le están preparando una segunda moción de censura. La noticia provoca una reacción de crítica lapidaria generalizada por parte de todos los líderes políticos. Ese mismo día Eta secuestra a José María Ryan, ingeniero jefe de la central nuclear que se está construyendo en Lemóniz. La banda terrorista amenaza con asesinarlo si en una semana no se paralizan la obras de la central. Amenaza que cumplirá.
La dimisión de Suárez ahonda aún más la crisis en Ucd. El resto de partidos es partidario de un gobierno estable de ancha base. Emilio Romero hace público el nombre del general Armada: «Si para hacer esto Ucd no proveyera, entonces existiría la vía de un hombre ajeno y políticamente bendecido.» El domingo 1 de febrero ElAlcázar publica la tercera entrega de Almendros (Cabeza Calahorra) en el que apela abiertamente a la intervención del rey y de las Fuerzas Armadas: «Se ha alcanzado el punto crítico, de no retorno, de la decisiva crisis institucional del sistema… Hemos entrado en un tiempo protagónico para las otras instituciones: el Rey y la Fuerzas Armadas.» La irresponsabilidad política ha puesto fin a un triste proceso en el que «forzosamente se obliga a intervenir a la Corona». Ese mismo día tiene lugar en General Cabrera 15, la casa de Más Oliver, una segunda reunión del grupo conjurado de Milans. El capitán general de Valencia expone lo mucho que ha cambiado el panorama en apenas dos semanas. Ha dimitido Suárez, el nombramiento de Armada como segundo jefe del ejército ya es un hecho y eso abre unas perspectivas de cambio inmediatas que llevarán a la Solución Armada, que es la deseada por su majestad y las instituciones. «Por ello, remacha Milans, como todo está yendo por su cauce, paso a paso, todo, absolutamente todo lo que habíamos hablado y planeado queda suspendido sine die». De regreso a Valencia Milans lleva en su coche oficial al general Alvarado a su casa, antes de llegar le ofrece ser ministro de Defensa del futuro gobierno Armada. «Por lo que me ha comentado Alfonso -le dice Milans- se trata de un gobierno de concentración en el que hay gente de todos los partidos políticos y algunos independientes. Como sabes yo no me suelo fijar mucho en esas cosas, pero me ha hablado de que hay varios socialistas e incluso algún comunista. El rey ya conoce la composición de ese gobierno y aunque a mí no me gusta mucho la idea, si esa es la decisión que han tomado yo la acepto sin más. Lo importante es que esto se arregle. A mí me nombran presidente de la Jujem [Junta de Jefes de Estado Mayor] dentro de los muchos cambios militares que va a ver. El único cargo que queda por cubrir es el de ministro de Defensa. ¿A ti, Carlos, te interesaría?, yo le hablaría a Armada al respecto». El general Alvarado sorprendido se lo agradece, pero no se ve como jefe de su admirado general Milans y rechaza la oferta.
Instantes antes de emprender vuelo hacia Vitoria, Don Juan Carlos telefonea a Armada para anunciarle que va a ser designado segundo Jeme. »Oye, Alfonso, ya está todo arreglado. Acabo de dejar firmado el decreto con tu nombramiento de segundo jefe de Estado Mayor del Ejército. Deja listo ahí todo cuanto antes que vienes a Madrid. Ya recibirás instrucciones. Un fuerte abrazo». El coronel Diego Ibáñez Inglés, segundo jefe de Estado Mayor en la Capitanía de Valencia, viaja a Lérida comisionado por Milans para informar en detalle al general Armada de que en la última reunión de General Cabrera toda había quedado suspendido indefinidamente. Y de seguido le comenta: «Mi general, el teniente general Milans se ha enterado de que tú nominación como presidente del gobierno es un hecho. Desde luego, mi general, por el bien de España, el Ejército te va, creo que te apoyará.» «Sí, efectivamente, le responde Armada, he tenido la aprobación de todos lo poderes fácticos. Diego, reza a la Virgen de los Desamparados porque la labor que se me avecina es muy difícil para mí y lo hago por España.» Ese mismo día, 4 de febrero, cuando el rey está iniciando su discurso en la Casa de Juntas de Guernica, los parlamentarios filoterroristas de Herri Batasuna le interrumpen con gritos y abucheos y el canto puño en alto del Eusko Gudariak. Al rato son desalojados a empujones y a golpes.
El día 6 de febrero Armada vuelve a ser citado por el rey a Baqueira. Pero el súbito fallecimiento de la reina Federica de Grecia aplaza el objeto de la reunión, que se dedica a glosar la memoria de la madre de doña Sofía. En Palma de Mallorca se inicia el congreso nacional de la Ucd en medio de fuertes enfrentamientos e insultos, que a duras penas, concluye con la solución salomónica de designar a Rodríguez Sahagún como presidente del Partido y a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del Gobierno. El resto de los partidos augura que ese candidato no tendrá mucho futuro. El sucesor es garantía de debilidad sobre desequilibrio. Para Felipe González, «Calvo-Sotelo provocará inestabilidad política. Solamente sirve para poner parches y es una solución temporal. Es el continuismo del continuismo.» A Santiago Carrillo le surgen «serias dudas sobre la validez de esta decisión.» Y Manuel Fraga ofrece una respuesta que encierra un guiño hacia la alternativa por la Solución Armada: «La decisión es correcta constitucionalmente, pero no es la única posible constitucionalmente». El 13 de febrero el general Armada, ya instalado como segundo Jefe de Estado Mayor, junto a Gabeiras, en el Cuartel General del Ejército, es recibido con toda urgencia en Zarzuela. Armada informa al rey que se está preparando un golpe de Estado. Pero no le da la fecha del asalto al Congreso, «porque en esos momentos todavía no la sé». Habrá un golpe de mano –expone- que será apoyado por una capitanía, a la que después se irán sumando otras más. El rey escucha con toda atención, le pide que le mantenga informado de cuanto vaya conociendo y le ordena que le cuente de inmediato a Guiérrez Mellado lo que le acaba de contar a él. El despacho con el vicepresidente se resuelve con una fenomenal bronca que le hecha el Guti, quien lo despide con cajas destempladas. «Tú ves visiones».
La solución dada a la crisis gubernamental en Ucd con la designación de Calvo Sotelo es una vía muerta. Las secciones operativas del Cesid deciden activar la Operación De Gaulle y toman en sus manos el control y todas las cartas del asunto. Tejero sigue a su ritmo contactando con los capitanes de la Guardia Civil que pueden seguirle en su golpe de mano. En Guadarrama se entrevista con los del Grupo de Acción Rural (Gar) y en la Venta de la Rubia con los oficiales que dirigen los cursos de Circulación y Tráfico de la Guardia Civil. En el tablero de fichas que va ajustando el comandante Cortina, el 16 de febrero ordena al capitán Vicente Gómez Iglesias, jefe del Grupo I, de la Aome, que se presente voluntario a realizar el XXXII Curso de Circulación y Tráfico para oficiales en la Academia de Tráfico de la Guardia Civil. Iglesias, que tiene una brillante hoja de servicios y por su calidad de agente del Cesid, será siempre un factor de crédito para el teniente coronel Tejero en su recluta de elementos que le apoyen para asaltar el Congreso. El secretario general de Cesid, teniente coronel Javier Calderón, instruye a su gran hombre de confianza, el comandante José Luis Cortina, de que es imprescindible contar con apoyos exteriores para el buen éxito de la operación. Y Cortina se entrevista sucesivamente con el responsable de la antena de la Cia en España, Ronald, Edward Estes, el embajador norteamericano Terence Todman y el nuncio del Vaticano, monseñor Innocenti. A todos pone en antecedentes. Les explica que se trata de una salida institucional necesaria si no se quiere meter al país en el laberinto del pasado; la operación, la menos traumática, es para salvar el sistema, la democracia, reforzar la monarquía y fortalecer el régimen de libertades. En esa solución participan y están de acuerdo diversos líderes de los partidos políticos más importantes. Las gestiones darán sus frutos.

La noche del 18 al 19 de febrero el capitán Gómez Iglesias invita a cenar en su casa al teniente coronel Tejero y a los capitanes Jesús Muñecas y Gil Sánchez Valiente. Es una excusa para preparar el terreno para un encuentro entre Tejero y el comandante Cortina. Ya de madrugada Cortina recibe a Tejero en su casa del Parque de las Avenidas. Sin darle tiempo a tomar asiento le suelta a bocajarro: «usted Tejero tiene que entrar en el Congreso el lunes 23». Primera noticia para Tejero, que recibe con notable sorpresa. Calvo Sotelo no va a superar el primer debate de investidura y tendrá que ir a una segunda votación el lunes. Luego le describe la operación. El camino hasta el Congreso estará despejado. Nadie les impedirá llegar, por lo que podrá entrar sin ningún problema. Dentro, «no se va a encontrar con mucha oposición… No te extrañe que se levante un diputado que diga: ‘esto era necesario, que habíamos dado pie a ello y lo que había que hacer era arreglar esto y enderezar la nave'». Su misión consiste en tomar el Congreso, impedir que se resuelva la votación y retener al gobierno y a los diputados, hasta que dos horas después llegue una autoridad militar con la consigna «ha llegado el elefante», que le relevará. Tejero tiene la certeza de que esa autoridad, militar, por supuesto, es el general Armada. Cortina le insiste hasta cansarlo que la acción debe ser incruenta; la consigna es entrar en nombre de la corona y la democracia, porque se han hecho gestiones con la Cia y contactos diplomáticos con la Santa Sede y los Estados Unidos, para que se inhiban y apoyen de inmediato el gobierno que salga. Los fines de la operación son robustecer la monarquía, reformar la Constitución en aquellos puntos que esté floja, acabar con el terrorismo y parar la carrera suicida autonómica. Sin poder salir de su asombro, Tejero se da cuenta de que Cortina es algo más que un comandante. Lo sabe todo: «Yo conozco, le confiesa, toda la operación porque soy el hombre de confianza de Armada. Pertenezco a su staff».
Los enlaces de Tejero, Dueñas Gavilán y García Carrés, confirman en la Capitanía de Valencia que la figura del comandante Cortina, desconocida para ellos hasta ahora, es fiable. Armada se lo corrobora a Milans por teléfono. Al igual que la acción se hace según el plan previsto. El capitán general, pese a las reticencias que tiene, se suma a la operación que ha activado el Cesid y que Milans había paralizado indefinidamente en la segunda reunión de General Cabrera el domingo 1 de febrero y ratifica a Tejero que Cortina es un hombre de garantía de Armada y puede seguir sus indicaciones. En el Cesid, los jefes de la Aome, Cortina, Almenta e Iglesias, repasan minuciosamente el plan y confirman a los agentes de Sea, sargento Miguel Sales Maroto, y cabos Rafael Monge Segura y José Moya Gómez su misión de coordinación y enlace. Deben lograr que las columnas que salgan de la Agrupación de Tráfico y del Parque de Automovilismo, coincidan en un mismo punto con los guardias que trae el capitán Muñecas desde Valdemoro, y así llegar juntos a la Carrera de San Jerónimo. Para ello van a disponer de equipos de transmisión, radioteléfonos y vehículos del Cesid.
El sábado 21 a las ocho de la tarde, Cortina conduce a Tejero hasta el general Armada. Le ha recogido en las inmediaciones del Hotel Cuzco y le lleva hasta el 3º B del número 5 de la calle Pintor Juan Gris. Un despacho de abogados que tiene relación con el hermano del comandante Cortina, Antonio, socio de la empresa de seguridad Aseprosa, a la que el Cesid contrata numerosos trabajos. El general Armada, vestido de gris, pregunta a Tejero si ya tiene todo preparado para entrar en el Congreso el lunes. Tejero asiente y el general se muestra minucioso con la hora. «A las 18,10 en punto, que los minutos tienen una gran importancia para el factor sorpresa.» Luego le da más órdenes e instrucciones: «Mire Tejero, esta es una operación nacional que respalda su majestad el rey para robustecer la monarquía, porque está dañada. Si esto diese un cambio, vendría el marxismo. Usted entra en nombre del rey [después Tejero añadirá el de Milans], por la corona y la democracia, lo de la democracia es fundamental, no tiene que dejar de repetirlo constantemente. Y por encima de todo debe procurar que la operación sea incruenta, tiene que ser incruenta, no debe haber víctimas, incruenta, incruenta. Cuando llegue la autoridad militar que espera, se identificará con la consigna Duque de Ahumada, quien se la de, debe permitirle el acceso al hemiciclo para que hable a los diputados. El resto de las órdenes de orden táctico son cosa del teniente general Milans, a mí nada más que cosas enormemente importantes. Armada finalmente le informa que desde las seis de la tarde estará en la Zarzuela junto al rey. Y se despiden efusivamente. El último cabo que queda por atar es preparar a la División Acorazada para que esté lista. Milans lo resuelve citando a Valencia al comandante de Estado Mayor de la Acorazada Ricardo Pardo Zancada el domingo 22 de febrero. Pardo, a quién Milans valora y tiene en alta estima, es informado de lo que va a suceder al día siguiente y recibe la instrucción de poner en marcha a la División y avisar al general Torres Rojas, que es el gobernador militar en Coruña. A su regreso a Madrid, ya casi de madrugada, da cuenta de todo a su jefe directo, el coronel José San Martín, jefe del Estado Mayor de la División. El día D y hora H ha llegado.
En la mañana del 23 de febrero Tejero comprueba en la Dirección General de la Guardia Civil que tendrá el apoyo de agentes de los Grupos Operativos del Servicio Secreto de Información (Gossi), quienes se desplegarán por la zona del Congreso para facilitarle su llegada. Los agentes del Sea solicitan al jefe de la Escuela del Cesid, capitán Rafael Rubio, tres coches con matrícula doblada equipados con emisora y varios transmisores portátiles. En la Capitanía de Valencia unas notas del Cesid que advierten de posibles asaltos a cuarteles por supuestos elementos de ideología comunista, justifican poner en marcha La Operación Diana y municionar a las unidades. Milans repasa con su Estado Mayor el bando que difundirá estableciendo el estado de sitio en su región. En Madrid el comandante Pardo Zancada, de acuerdo con el coronel San Martín, convoca a primera hora de la tarde a todos los jefes de unidades de la Acorazada. El embajador norteamericano Terence Todman, advierte al secretario de Estado Alexander Haig, quién a las primeras horas del 23 F tan sólo dirá que se trata de «un asunto interno español». El jefe de la antena de la Cia Ronald Estes, el nuncio Innocenti y varios obispos son avisados por el comandante Cortina. El sistema de control aéreo norteamericano, Strategic Air Command, anula el control de las emisiones radioeléctricas español hasta que todo se resuelva.
Poco antes de las seis de la tarde Tejero sale del Parque de Automovilismo de la Guardia Civil hacia el Congreso en varios autobuses oficiales del Cuerpo con la fuerza asaltante. En la recluta no ha tenido excesivos problemas al contar con el apoyo del capitán Gómez Iglesias. Delante de la columna abre la marcha un coche del Cesid. A su llegada el responsable de la seguridad exterior del Parlamento, vigilado por un oficial de Gossi, se cuadra y saluda militarmente a Tejero quien lleva su pistola desenfundada con el dedo en el guardamonte: «¡A sus órdenes mi teniente coronel; sin novedad en el Congreso!». En el hemiciclo, Tejero interrumpe la votación de investidura del candidato Calvo Sotelo. Suenan disparos dirigidos hacia el techo y se produce una afrenta penosa sobre el general Gutiérrez Mellado al intentar derribarlo Tejero sin conseguirlo. Todos los diputados, salvo Suárez y Carrillo, se echan al suelo. En el despacho de ayudantes de Zarzuela, los comandantes Pastor, José Sintes y Agustín Muñoz Grandes exclaman: «¡Eso no es lo que estaba previsto!». Similar comentario se hace en la Capitanía de Valencia, desde la que se emite el bando de Milans y se ordena el despliegue de los carros de combate sobre la III Región Militar.
En la Acorazada, el general José Juste, jefe de la Brunete, ordena la salida de las unidades para ocupar diversos objetivos de Madrid. Un par de horas antes había regresado precipitadamente con el coronel San Martín y escuchado la exposición detallada del comandante Pardo sobre lo que iba a ocurrir. El general Torres Rojas, que ha viajado por la mañana desde La Coruña, está presente por si Juste duda y tiene que hacerse con el mando de la División. Pasados esos primeros momentos, el capitán Muñecas, que ha llegado desde Valdemoro con sus guardias civiles un poco más tarde, franqueado por un coche del Cesid, se dirige a los diputados que están secuestrados, calmándoles y pidiendo un compás de espera hasta la llegada de la autoridad competente, militar, por supuesto, para que ella diga lo que ha de ser. En el centro operativo del Cesid, el capitán García Almenta exclama al instante que se trata de un golpe de Estado y envía a varios agentes a verificar el paso de las unidades militares hacia sus objetivos, mientras que se brinda con cava y se sacan unas ricas y variadas viandas previamente preparadas al efecto.

Concluida la primera fase de la operación, se pone en marcha la segunda. El general Armada, que está en el despacho del Jeme Gabeiras, recibe una llamada del rey quién le autoriza a ir a Zarzuela. Sin embargo Sabino, que acaba de conversar con el general Juste, le dice que no es necesario que vaya y que se quede junto a Gabeiras. Este hecho introduce un ligero elemento de confusión y bloquea por unas horas el desenlace. Poco después los jefes del Ejército, desde la sede de la Jujem (Junta de Jefes de Estado Mayor) acuerdan difundir una nota por la que se hacen cargo de la situación hasta que se resuelva lo del Congreso. Al comentarlo con Zarzuela, Sabino les aclara que eso sería dar un golpe a la turca y recomienda que no se emita. De Radio Televisión Española se retira el pequeño grupo militar que lo ha ocupado por espacio de una hora, regresando a los cuarteles el resto de unidades de la División Acorazada, manteniéndose el compás de espera.
Sobre las nueve de la noche el rey Juan Carlos graba un mensaje para la televisión, al tiempo que dos párrafos del mismo se distribuyen a las agencias y emisoras de radio. Varias capitanías están dispuestas a secundar el bando de Milans; como la II (Sevilla), la IV (Barcelona ), la V (Zaragoza), la VII (Valladolid), y la de Baleares. Las demás neutrales. La única que se niega en redondo es la de Canarias. Pero todas están absolutamente a las órdenes del rey, sin prestar excesivo celo al orden constitucional. Esto determina al general Armada a ofrecerse para resolver la situación. Está dispuesto a ir al Congreso a hablar con los diputados y que voten un gobierno de concentración presidido por él mismo. «La propuesta es constitucional», asevera. Sobre las once de la noche Armada se dirige al Congreso con el beneplácito de la cadena de mando y con la autorización de Zarzuela, si bien expresada bajo el eufemismo de «vas a título personal». Previamente Armada ha vuelto a conversar con el rey y con Sabino, recomendándole este último que como amigo no vaya, pues duda de que su propuesta tenga éxito. Lo que Armada ataja de inmediato y con firmeza al asegurarle que: «Te equivocas. ¡Los socialistas me votan!». Gabeiras se despide de su segundo con un «¡A tus órdenes presidente!» .
La llegada del general Armada a las inmediaciones del Congreso es saludada por los generales Aramburu y Sáenz de Santamaría con la convicción de con él ahí todo se va a resolver satisfactoriamente. En el interior del Congreso, Suárez y algunos más así lo creen también. Sin embargo, la conversación entre Tejero y Armada deriva hacia otros derroteros. El teniente coronel se siente traicionado y utilizado como un chivo expiatorio al enterarse de que en el gobierno propuesto por el general, además de ir Felipe González como vicepresidente, hay otros socialistas y dos comunistas. Y que su destino y el de los capitanes es el exilio –momentáneo- a Portugal. Él para eso no ha actuado. Ni siquiera la conversación que mantiene con Milans, instándole a obedecerle y a que haga caso de lo que le dice el general Armada, le hace cambiar de criterio. Y se rebela contra sus dos jefes militares. Con ello Tejero, sin sospecharlo en ese momento, frustra la Operación De Gaulle que debía desembocar en la Solución Armada y, sobre la marcha, superpone al golpe de Estado institucional su propio golpe de Estado, al pretender que se forme una junta militar. Y el 23 F en momento alguno se ha montado para eso. Minutos después de comunicar Armada su fracaso a Zarzuela, se difunde el mensaje del rey por televisión, que en modo alguno va contra la actuación del general Armada, sino contra el asalto de Tejero. El mensaje real tampoco desmonta el golpe en sí mismo. Lo que deshace el golpe es la conversación que el rey tiene con el general Milans durante la madrugada –la primera en toda la jornada y ratificada después por telex- ordenándole la retirada del bando y la vuelta a los cuarteles de las unidades desplegadas. Lo que el capitán general de Valencia acata de inmediato. Tejero se queda sin apoyos y el tiempo que transcurre hasta su entrega a mediodía del martes 24 no son más que horas basura.
Si Tejero hubiera sido disciplinado y permitido a Armada acceder al hemiciclo para ser investido presidente, jamás se hubiera vinculado esa segunda fase de la operación con la acción ilegal de Tejero. Una misma operación en dos compartimentos estancos. Y el general Armada habría pasado a la historia como el salvador de la democracia y del orden constitucional. En proporción parecida a la figura del rey. En la tarde del 24, instantes antes de recibir el monarca a los líderes políticos en Zarzuela, don Juan Carlos se vuelve hacia su fiel secretario Sabino y dándole un palmadita en la espalda le dice: «Y mira que si te has equivocado».

  • el golpe
  • 23 F
  • transición

    Acerca de Jesús Palacios

    Jesús Palacios es periodista e historiador especializado en Historia Contemporánea. Ha sido profesor de Ciencia Política y es colaborador honorífico de la Facultad de Ciencias Políticas (UCM). Miembro del Consejo Editorial de la revista www.kosmos-polis.com y autor de Los papeles secretos de Franco, La España totalitaria, 23-F: El golpe del Cesid, Las cartas de Franco, Franco y Juan Carlos. Del franquismo a la Monarquía, y 23-F, el Rey y su secreto. Es coautor junto con Stanley G. Payne de Franco, mi padre. En el otoño de 2014 ha publicado junto al reconocido hispanista Stanley G. Payne, Franco, una biografía personal y política, (Wisconsin Press), Estados Unidos y (Espasa), España.

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