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El holding Rumasa en el momento del expolio es el primero en el sector vitivinícola, con bodegas de fuerte arraigo y referencia en Jerez, en Rioja y de cava en Cataluña; primero también en el agrícola, ganadero y en piel; el segundo en grandes almacenes, con Galerías Preciados y almacenes Sears; tercero en el inmobiliario; quinto en construcción con Hispano Alemana de Construcciones; con Hotasa (Hoteles Agrupados) posee la mayor cadena hotelera privada con treinta y cinco hoteles, como el Hotel Los Galgos en Madrid, los Lebreros en Sevilla y el lujoso Jardín Botánico en el Puerto de la Cruz en Tenerife y tiene tiendas como Mantequerías Leonesas y marcas emblemáticas y de lujo como Loewe. El imperio de la abeja representa en el momento de su nacionalización el 1,8 del PIB nacional.
En sus orígenes el motor de Rumasa está en un joven Ruiz Mateos, que siguiendo los pasos de su padre con la Bodega Zoilo Ruiz Mateos, había logrado hacerse un hueco exportando vinos de Jerez al Reino Unido. En 1961, tres años después de haber contraído matrimonio con Teresa Rivero y de haberse vinculado al Opus Dei como socio supernumerario, Ruiz Mateos funda Rumasa con sus hermanos con un capital social de300.000 pesetas. Y se asienta en Madrid. Ruiz Mateos, inteligente, pícaro, seductor y halagador y muy duro negociador, se ve favorecido por su militancia activa en el Opus Dei, en el momento que los impulsores de la tecnocracia controlan y dirigen la política económica e industrial del régimen franquista, ya en plena fase de expansión y liberalización de la economía. Su crecimiento imparable se produce en el verano de 1969 al hacerse con los Bancos Siero y Murciano, propiedad de Ramón Rato, quién encarcelado por un presunto tráfico de divisas, se ve obligado a suspender pagos y a entregárselos por una migaja. Y contra su voluntad. Unos años antes ya se había hecho con el control de los Bancos Meridional, Sevilla y Comercial Cordobés. Con el tiempo se irá haciendo con el resto de fichas bancarias a las que en muchos casos cambiará de nombre. El jerezano se da cuenta de que para alcanzar un óptimo desarrollo necesita disponer de un grupo de pequeños bancos que sean el motor financiero de su holding empresarial. Es un caso singular de empresas que poseen bancos. Al contrario de lo que la ortodoxia de la Banca acepta: bancos con sectores industriales participados. Para ello adquiere entidades financieras en dificultades con el beneplácito de las autoridades monetarias y del Banco de España, quién además le concede importantes créditos a muy bajo interés para su saneamiento. Ruiz Mateos no comete ilegalidad alguna, pero se aprovecha de los vacíos legales. Y del manto protector de la familia Opus.
No obstante, su máxima expansión y desarrollo lo alcanza en los años de la transición del régimen autoritario al sistema democrático y especialmente durante la etapa de los gobiernos de la Ucd. Para los diferentes ministros de Economía y Hacienda; desde Juan José Espinosa San Martín, Alberto Monreal Luque, Antonio Barrera de Irimo, Rafael Cabello de Alba, Juan Villar Miguel Mir, Eduardo Carriles Galárraga, Enrique Fuentes Quintana, Fernando Abril Martorell, hasta Juan Antonio García Díez y gobernadores del Banco de España como Mariano Navarro Rubio, Luis Coronel de Palma, José María López de Letona y José Ramón Álvarez Rendueles, nunca existió preocupación alguna por Rumasa. Había otras mucho más serias y graves que solucionar. Así, en la etapa ministerial de Barrero de Irimo el grupo tenía una entidad limitada y una dimensión financiera de escasa importancia. Con Villar Mir se fue haciendo más notable, comenzando el Banco de España a inspeccionar sus finanzas, cuyos «bancos están al límite de la normalidad». Y únicamente con García Díez, ministro de Economía desde septiembre de 1980 hasta la llegada de los socialistas al poder, es cuando el holding adquiere su máximo crecimiento y se le empieza a ver con recelo y hostilidad entre el patriarcado de la nomenclatura cerrada del sistema financiero.
El estilo agresivo, dinámico y avasallador de Ruiz Mateos suscita la atención de las autoridades monetarias, quienes se deciden a controlar cada vez más de cerca el imperio Rumasa. El jerezano, con su perfil heteredoxo, compra barato y bien entre la creciente animadversión de los siete grandes de la banca privada, que ven en él no sólo un competidor, sino una seria amenaza para su status quo y para la estabilidad del sistema financiero. El endeudamiento de su división bancaria con las empresas del grupo se incrementa notablemente. Desde el Banco de España, Ministerio de Economía y sus correligionarios del Opus en la cúpula financiera, como Rafael Termes, presidente de la Asociación de Banca Privada (AEB) y Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, le aconsejan que frene su expansión e inversiones. Que consolide el grupo. Pero Ruiz Mateos hace caso omiso acelerando su carrera de compras. Sin embargo, desprecia entrar en el sector de la comunicación, tan útil siempre para salvaguardarse y contrarrestar cualquier maniobra de los poderosos enemigos que va sumando. Tampoco se prodiga en declaraciones ni en granjearse simpatías mediáticas. El silencio es la tónica para intentar pasar lo más inadvertido posible. Su estrategia pasa por colocar al frente de sus empresas a personas de gran relevancia social, como el duque de Wellington, presidente de Bodegas Internacionales, con sede en Inglaterra, donde el Banco de Jerez lleva todas las operaciones de Augustus Barnett, Williams & Humbert e Imported Wines. Ficha a la condesa de Romanones, Aline Griffith; Jesús Aguirre Ortiz de Zárate, duque de Alba consorte; Manuel Fernández García-Figueras, los periodistas José María Alfaro y Jaime Campmany, éste último en el consejo del Banco de Murcia; Antonio Guerrero Burgos, en el consejo del Banco Meridional; Antonio Hernández Gil, Santiago Foncillas, Manuel Quintana Ferguson, presidente de Inmobiliaria Urbis; el popular locutor de radio Matías Prats, el conde de Mayalde, Alberto Ballarín Marcial, José Ramón Lasuén, Juan Gich, presidente del Banco Peninsular y ex delegado nacional de Deportes, Nicolás Franco Pascual de Pobil, presidente del Banco del Noroeste y Manuel Bénitez el Córdobes, entre otros muchos. Nos obstante, el cerco y acoso sobre Rumasa se va estrechando a lo largo de 1981 y 1982.
Ruiz Mateos se percata de que se están encendiendo muchas luces rojas y trata de blindarse comprando apoyos, seguridad y silencio. Comienza a hacer cuantiosos donativos millonarios. Entrega unos 4.000 millones de pesetas a las arcas del Opus Dei, de los que 1.500 millones van a la Universidad de Navarra a través de Gregorio López Bravo; 300 millones a financiar las actividades del Cds (Centro Democrático y Social), nuevo partido de Adolfo Suárez, quién cede a Rumasa dos de sus colaboradores más relevantes; Alejandro Rebollo y Fernando Castedo, que ocupan puestos claves del holding; transfiere tres millones de dólares a una cuenta de un banco de Nueva York controlada por Manolo Prado y Colón de Carvajal, encargado de gestionar los dineros del rey Juan Carlos, a quién con motivo de su onomástica, Ruiz Mateos le regala personalmente un maletín de fina piel negra que supuestamente contiene en su interior 25 millones de pesetas. Y se echa en los brazos de Luis Valls Taberner, quien para el jerezano es el gran estratega de las finanzas españolas. El presidente del Popular, numerario del Opus y figura siempre enigmática, le recomienda al abogado Matías Cortés y al periodista Antonio Navalón, como equipo de asesores y de comunicación, al tiempo que le sugiere que para templar el acoso del Banco de España entregue 1.000 millones. Durante semanas el propio Navalón irá sacando el dinero de la sede de Rumasa en cajas de cartón con destino incierto. Y cuando Ruiz Mateos le pregunta a Valls Taberner para quién o quienes está yendo ese dinero, no obtiene más respuesta que para «un señor con corbata».
Esta ofensiva de contención parece darle resultado a Ruiz Mateos. Pero el apabullante triunfo del Psoe y la práctica desaparición de Ucd en la elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982, va a cambiar el panorama. Los socialistas llegan al poder con más de diez millones de votos, el 48 por ciento de los sufragios, que le otorgan una amplísima mayoría absoluta de 202 diputados. Tras pasar el trámite del debate de investidura el 1 de diciembre de 1982, Felipe González forma un gobierno moderado de corte socialdemócrata y ribetes católicos, aunque su programa electoral se mostraba partidario de la nacionalización de sectores estratégicos. Al frente de la cartera de Economía y Hacienda coloca a Miguel Boyer Salvador. El altivo y todopoderoso ministro trata de embridar el mundo financiero y solicita del Banco de España informes sobre los bancos en situación de riesgo y quiebra. A lo largo de su vida profesional Boyer había formado parte del Servicio de Estudios del Banco emisor. Su amistad con el subgobernador Mariano Rubio es estrecha, lo mismo que con el banquero Claudio Boada. Un círculo cerrado de confianza que muy poco tiempo después de la expropiación de Rumasa se conocerá con el nombre de «la beatiful people».
De los 800.000 millones de pesetas que tienen en recursos los bancos de Rumasa,500.000 están destinados a créditos, de los que 150.000 millones se han otorgado a las empresas del holding. Las autoridades del Banco de España instan a Ruiz Mateos a cortar en seco su expansión empresarial. No invertir una sola peseta más y afianzar bien los recursos de sus bancos. Al tiempo que le apremian a entregar las auditorias del grupo que desde hace meses está haciendo Arthur Andersen y que Ruiz Mateos ha paralizado al estar en desacuerdo con los métodos del auditor, especialmente en la división bancaria. Sin embargo esta nueva postura de firmeza y exigencia del Banco de España se contradice con el hecho de que entre 1982 y 1983 haya autorizado a Rumasa a abrir 200 nuevas oficinas bancarias y que poco tiempo atrás, le haya permitido adquirir Galerías Preciados, otorgándole un crédito de 10.000 millones de pesetas, quedarse con Fidecaya, una entidad de ahorro intervenida en 1980, concediéndole un crédito de 7.000 millones a fondo perdido, comprar la cadena Sears y a pocas jornadas de la crisis de febrero, que el Banco Exterior, presidido por Francisco Fernández Ordóñez, le haya vendido la empresa Vitrocerámica por 500 millones de pesetas.
El cerco que se va estrechando sobre Rumasa con el beneplácito y la satisfacción de los grandes banqueros, no pasa inadvertido para Ruiz Mateos que intenta suavizar lo que se le puede venir encima. Poco antes de las elecciones de octubre, Felipe González le ha recomendado que detenga su desenfrenada carrera de compras e inversiones durante un almuerzo celebrado en la sede central de Rumasa. Tiempo atrás, la relación entre los dos personajes había sido algo más que correcta. Felipe González, líder de la oposición, había intervenido a favor de los habitantes de Castellar de la Frontera (Cádiz), en el largo pleito que el pueblo mantenía con la Casa de Medinaceli. Ruiz Mateos se puso de acuerdo con él y aceptó desprenderse de más de 300 hectáreas de la enorme extensión de su finca La Almoraima, en la que está el magnífico convento de San Miguel del siglo XVI y que en 1972 había comprado al duque de Medinaceli. Fue un regalo del empresario que a González le sirvió para acreditar su prestigio, ganarse una calle y ser nombrado hijo adoptivo del pueblo. Y a Ruiz Mateos la felicitación y una buena relación de quien le distinguía como un «desclasado, que no formaba parte de la oligarquía clásica, tradicional y conservadora del país». Para González, Rumasa «cuidaba el empleo y era una maravilla de organización». Animando entonces al empresario a que «debía contribuir a la creación de empleo en España de acuerdo con el programa del Psoe.» Apelando a aquel buen entendimiento de no mucho tiempo atrás, Ruiz Mateos se decide a escribir a Felipe González el 13 de enero de 1983. En la carta el empresario se pone a disposición del nuevo Ejecutivo sin reservas. Para lo que «Rumasa está firmemente decidida dentro del marco que establezca el Gobierno legítimo de la nación, a cumplir con el mayor afán de servicio su misión económica y social, creando nuevos puestos de trabajo y siendo un eficaz instrumento de colaboración en los nuevos tiempos al servicio de España». La misiva no tiene respuesta.
La suerte de Rumasa está echada. El 9 de febrero de 1983 el Banco de España envía un informe a Miguel Boyer con las propuestas posibles de actuación sobre el holding. El documento, pergeñado por la mano de Mariano Rubio, contempla tres alternativas: la primera abrir un procedimiento sancionador a cada uno de los bancos en los que se detecten anomalías (no conveniente pues los demás del grupo las taparían); la segunda con dos opciones; intervenir todos los bancos con apoyo financiero del Banco de España y la suspensión genérica de los bancos, y la tercera, la toma del control del grupo en su conjunto. El viernes 18 de febrero una inocente pregunta de un periodista al ministro Boyer sobre qué es lo que ocurre en Rumasa, casi al final de un almuerzo en la sede del Ministerio, desata el vendaval. El ministro suelta a bocajarro que si Ruiz Mateos sigue bloqueando que Arthur Andersen concluya las auditorias de los bancos, «como poco le enviaré los inspectores del Banco de España». El fin de semana es frenético. Y especialmente el lunes 21. Ruiz Mateos intenta hablar con Felipe González sin conseguirlo. Pero sí que lo hace con Boyer reuniéndose con él a primera hora de la tarde. La bronca y las voces entre ambos son de tono subido. Sin embargo se intenta salvar la situación y la cara con un comunicado conjunto de dos puntos: Rumasa se compromete a entregar las auditorias en un corto espacio de tiempo y permitirá que la firma auditora hable directamente con el Banco de España. Esta segunda imposición es inasumible para Ruiz Mateos y la sesión concluye sin acuerdo. Cada parte hará su comunicado por separado. Al día siguiente, martes 22, Ruiz Mateos convoca una multitudinaria rueda de prensa asesorado por su equipo de consejeros; Alejandro Rebollo, Diego Selva, Matías Cortés, Fernando Castedo y Antonio Navalón. El empresario declara enfáticamente que «alguien quiere provocar una catástrofe sin precedentes».
En la mañana del miércoles 23 de febrero el pulso entre Ruiz Mateos y Miguel Boyer, entre un empresario atípico y desclasado y un ministro despechado, de actitudes chulescas, está servido en la mesa del Consejo de Ministros con los titulares de las declaraciones del jerezano en la portada de los periódicos a cinco columnas. Hay críticas por las irresponsables declaraciones del viernes de Boyer, que abrieron la espita, pero este desafío no lo puede dejar pasar por alto un Gobierno con tan gran respaldo social y popular y que demagógicamente quiere meter en cintura a la burguesía capitalista. Para que se sepa quién es el que manda. Entre los miembros del Gabinete Narcís Serra (Defensa), Morán (Exteriores) y Barrionuevo (Interior), son los más reticentes a la expropiación; en tanto que Felipe González, Alfonso Guerra y Javier Moscoso (Presidencia), además de Boyer, naturalmente, son los más firmes partidarios de la medida. El Gobierno expropiará el holding Rumasa mediante decreto ley de carácter forzoso y urgente por «interés social y utilidad pública». Tiene garantizado el beneplácito y hasta el aplauso de la Banca. La referencia de lo tratado en el Consejo se suspende y mientras los técnicos preparan la redacción del decretazo, varios ministros acuden por la tarde al Parlamento, donde con notable disimulo afirman que no ocurre nada. Absolutamente nada. Por la noche se hace pública la medida. Y al día siguiente, jueves 24, el superministro Boyer, escoltado por otros miembros del Gabinete, intenta explicar en conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa con la televisión y radios en directo, las razones de la expropiación. Boyer reconoce que la expropiación se ha ejecutado ante la excesiva concentración de riesgos de Rumasa. Se trata de una medida preventiva para averiguar después cuál es la situación real de Rumasa, cuyo valor patrimonial lo rebaja a 5.000 millones de pesetas ante los casi 120.000 millones que dice que vale Ruiz Mateos, a quién a pesar de mantener deudas con la Seguridad Social y Hacienda, no se le imputa ilegalidad alguna.
Ruiz Mateos reacciona rezando en familia ante la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y guardando silencio. Unos días después hace declaraciones pasadas por el tamiz de la serenidad. Se defenderá a través de la Ley, no de la Prensa. Toda su confianza la deposita en el Estado de derecho. Y en el Gobierno de España, que es su gobierno. En el seno de los siete grandes el alborozo es evidente. Más que eso. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín – padre del actual presidente del BSCH-, dirige un escrito a Felipe González felicitándole por la gesta. Y la AEB emite una tibia nota para salir del paso. El interés de la patronal es saber si más adelante podrá engullirse los bancos de Rumasa, una vez saneados. Es el acento que ha puesto Rafael Termes en su conversación con Boyer al preguntarle si la incautación-nacionalización afectaba también al Banco Atlántico. Sólo el presidente de la Confederación de Empresarios (Ceoe), Carlos Ferrer Salat se muestra contundente al afirmar que «existen muchas dudas serias y razonables sobre la legalidad y constitucionalidad de la medida tomada por el Gobierno.» Pero la retórica demagógica gubernamental alcanza su climax con la declaración del vicepresidente Alfonso Guerra: «Rumasa, to pa’l pueblo.» Y la oposición de centro derecha integrada por Alianza Popular- Partido Demócrata Popular (Ap-Pdp), solicita un debate en el Congreso y anuncia que presentará un recurso de inconstitucionalidad del decreto ley ante el Tribunal Constitucional.
Boyer se cubre afirmando que el holding estaba en quiebra técnica, cuando la realidad es que desconoce absolutamente cuál es la situación patrimonial del grupo. El dato cierto es que desde el viernes 18 hasta el jueves 24 de febrero, los bancos de Rumasa han pagado por ventanilla 8.200 millones de pesetas con sus propios recursos, sin tocar el coeficiente de caja ni pedir dinero al Banco de España ni al interbancario. Unos años después, Mariano Rubio, ya como gobernador del Banco de España, declarará en el Juzgado que los datos en los que se basó el informe elevado al Ministerio de Economía unos días antes de le expropiación, eran «totalmente provisionales, simples indicios sobre la situación financiera de los bancos del grupo Rumasa.» Con el tiempo la medida se seguirá intentado justificar ante el temor de que Ruiz Mateos utilizara el Banco Atlántico en el mecanismo de financiación de su grupo de empresas. «La posibilidad de que Ruiz Mateos ejerciera el poder en el Banco Atlántico fue la gota que colmo el vaso», reconocerá en marzo de 1985 el Informe de la Comisión de Investigación.
El 4 de marzo de 1983 Ruiz Mateos decide establecerse en Londres. A los pocos días el Gobierno anuncia una querella criminal contra él por los presuntos delitos de estafa, malversación de fondos y evasión de capitales, además de deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. Luego se añadiría la de injurias al Rey. La Fiscalía del Estado designa fiscal especial de la causa a Jiménez Lablanca. Y la instrucción del sumario recae en el juez Luis Lerga Gonzalbez, del Juzgado de Delitos Monetarios. El empresario aprovecha pasa salvar todo lo que puede de su holding internacional, estructurado a través del grupo Multinvest, que con el tiempo también se lo apropiará el Gobierno, camufla la fortuna que tiene en fondos y cuentas numeradas en Suiza, en el Nordfinanz Bank de Zurich, las que a lo largo del tiempo ha ido sacando a través del Banco del Norte y de Jerez y otorga una escritura de capitulaciones de los bienes gananciales del matrimonio; acciones de Rumasa, la casa familiar de Somosaguas y la residencia del Puerto de Santa María, a favor de su mujer Teresa Rivero. Hay que preservar su refugio familiar antes de que el estado lo engulla también. Luego rompe con su equipo de abogados y asesores; Matías Cortés, Alejandro Rebollo, Navalón, Fernando Castedo, todos ellos colocados por Luis Valls, su demonio particular. Elige como nuevo abogado a Crispín de Vicente, que le durará un año, hasta su detención en Francfort. Y empieza a desatarse con declaraciones explosivas en las que implica a la Banca, a Valls Taberner, a Rafael Termes, a los directores del Opus en España, sus hermanos en la fe, los «vallses»; arremete duramente contra Felipe González, Boyer, y Mariano Rubio. Todos ellos autores y coautores del expolio e implicados en la conspiración contra Rumasa. Y crítica ácidamente al rey Juan Carlos por permitir su caída: «Soy el general Armada de la economía española».
Un grupo de expertos catedráticos constitucionalistas; como Manuel Jiménez de Parga, Manuel Albaladejo, Manuel Alonso García, Pablo Lucas Verdú, José Ramón Parada y Rafael Entrena, emiten un dictamen en contra de la expropiación. Para todos ellos el decreto ley es inconstitucional por afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, por destruir la seguridad jurídica, la igualdad en la ley y ante la ley, la tutela efectiva de los jueces y tribunales, por suprimir el previo pago, negar el derecho de reversión y porque en momento alguno se ha podido probar y justificar la utilidad pública y el interés social. Por todo ello, se produce una aberrante violación del Estado de derecho. Un abuso de poder. La oposición conservadora presenta recurso de inconstitucionalidad del decreto ley ante el Tribunal Constitucional. Previamente Herrero de Miñón y Oscar Alzaga, portavoces parlamentarios de Ap-Pdp, sondean a Ruiz Mateos si puede estimular la iniciativa con 100 millones de pesetas, que al final le rebajan a 80 millones.
Todo el mundo de la Judicatura y del Derecho está convencida de la inconstitucionalidad de la medida gubernamental. Y esa es la tendencia mayoritaria de los miembros del Constitucional. Así se expresan también Manuel García Pelayo y Jerónimo Arozamena, presidente y vicepresidente del Alto Tribunal, muy reservadamente. Quizá por ese extendido convencimiento el Grupo Popular no presenta recurso de la Ley 7/1983 de 29 de junio, que sustituye al decreto ley, por lo que el Tribunal Constitucional ya no puede entrar en el fondo de la expropiación. Tan sólo en el aspecto formal de si la expropiación se puede realizar a través de un decreto ley. Además el Gobierno, que se juega mucho en el envite, realiza una asfixiante maniobra de presión y cerco sobre García Pelayo y Arozamena. Al primero se le recuerdan sus orígenes republicanos e izquierdistas y la lealtad y agradecimiento que debe a quien le ha traído para tan alto puesto desde su exilio venezolano. Al segundo, más resistente, se le mete directamente al Cesid en casa. Y aún sin tenerlas todas consigo, el Gobierno hace que entre en escena sus apoyos mediáticos filtrando a El país el texto de la sentencia, antes de que ésta haya sido votada por el Pleno del Tribunal. Éste decide que el decreto ley de expropiación de Rumasa viola la Constitución por seis votos contra cinco. Pero el presidente García Pelayo, en contra de toda doctrina y buena práctica jurídica, hace valer su voto doble de calidad y se decanta a favor de la minoría fallando que el decreto ley es constitucional.
El mazazo es importante para Ruiz Mateos que se revuelve irritado desde Londres sin tener intención alguna de regresar a España. Viaja a América para salvar negocios y se pierde unos días en una aventura jamaicana, acompañado de Cory Miarnau, la esposa de su amigo José María Savater. El 25 de abril de 1984, en uno de sus viajes de regreso desde Miami, hace escala en Francfort donde es detenido. Permanece encarcelado 90 días en la prisión de máxima seguridad de Preugensheim. Los 550 millones de fianza le dejan en libertad a disposición de la Justicia alemana hasta que resuelva la extradición solicitada por el juez Luis Lerga. El 5 de octubre de 1984, el juez de Primera Instancia José María Gil Sáez, hace los deberes que no ha hecho el Partido Popular y presenta un interdicto ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si los artículos 1 y 2 de la Ley de Expropiación ha anulado derechos fundamentales de Ruiz Mateos. El Alto Tribunal admite a trámite la acción interdictal y encarga de ponente al magistrado Pera Verdaguer, quién en la sentencia sobre el decreto ley emitió un voto particular por su inconstitucionalidad. A finales de noviembre de 1984, el Tribunal de Hesse concede a España la extradición de Ruiz Mateos, pero únicamente para ser juzgado por dos de los delitos solicitados; malversación de fondos y un delito continuado de estafa. Ingresado en la prisión de Alcalá-Meco, el juez Lerga modifica su situación en los primeros días de enero de 1985 por la de prisión atenuada en su propio domicilio de Somosaguas, que se convierte en un fortín, donde el preso tiene que pagar a la Policía que le vigila.
A mediados de 1985 el magistrado ponente Pera Verdaguer tiene lista la sentencia que es claramente a favor de la inconstitucionalidad de la Ley. El presidente García Pelayo retrasa deliberadamente el fallo del Tribunal después de hacer una votación de ensayo que mayoritariamente se inclina por la inconstitucionalidad. La cuestión interdictal planteada por el magistrado Gil Sáez era de carácter urgente y sumarísimo. Con las dilaciones y retrasos se violaba el principio de seguridad jurídica y toda la normativa del propio Tribunal. El 9 de enero de 1986 el presidente convoca un pleno en el que se acuerda no votar la Ley hasta después de la renovación de cuatro magistrados. Pero García Pelayo y otro magistrado dimiten de improviso. Pelayo, amargado, se autoexilia en Venezuela reconcomido en su conciencia. En febrero de 1986 se renuevan seis magistrados, la mitad del Tribunal; Leguina Villa, Díaz Aimil, López Guerra, Rodríguez Piñero, García Mon, Tomás y Valiente. Los nuevos magistrados tienen una clara connivencia gubernamental. Rodríguez Piñero había ido en la lista del Psoe al Senado en las elecciones de 1977, Leguina Villa había sido asesor del ministro de Justicia Fernando Ledesma, para el debate parlamentario sobre la expropiación. El Gobierno coloca como nuevo presidente a Francisco Tomás y Valiente, de ideas socialistas marxistas y tesis colectivistas, que años después sería vilmente asesinado por pistoleros etarras. Y el ponente Pera Verdaguer es sustituido por Díaz Aimil, progubernamental, que redacta una nueva sentencia favorable al Gobierno. El nuevo Tribunal Constitucional acomoda una sentencia ad hoc a los deseos gubernamentales y la hace pública el 19 de diciembre de 1986 fallando por diez votos a dos que la Ley de Expropiación de Rumasa es totalmente constitucional. Toda la Judicatura señala que la sentencia es un escándalo. Jiménez de Parga afirma que es la peor sentencia del Alto Tribunal. Pero con todo, una de las peores consecuencias para Ruiz Mateos y resto de expropiados es que al ser una Ley singular y de caso único, les impide obtener la tutela judicial efectiva y poder defenderse ante los tribunales ordinarios.
Si con las sentencias del Constitucional se pisotea el Estado de derecho, con la reprivatización de las empresas de Rumasa se abre la espita del saqueo de la Hacienda pública. Las divisiones y empresas emblemáticas del holding se sanean con dinero del Estado y luego se venden a precio de saldo y en ocasiones por la patilla a los amiguetes del poder. El director general del Patrimonio de la Rumasa estatal, Javier del Moral, hace una gestión indigna y bochornosa. Hay actas duplicadas y falsas en las que parece estar la firma del entonces ministro Moscoso. Escándalos como la venta de Hispano Alemana de Construcciones a Trans World, un grupo inmobiliario de reciente creación de la nada; la venta de Galerías Preciados a los Cisneros, amigos venezolanos personales de Felipe González, que las adquieren pagando 200 millones de pesetas y que un año después se las venden al grupo británico Mountleigh por 30.000 millones; las Bodegas de Rioja a Marcos Eguizabal, las de cava al empresario Ferrer, propietario de la firma Freixenet; las de Jerez, la división hotelera Hotasa al empresario mallorquín Escarrer, de la cadena Sol; la elegante firma Loewe, que al menos retorno a su anterior propietario Enrique Loewe, los mataderos Mafriesa y Propecsa…. Ante tal vértigo, el mismo Gobierno que enfáticamente argumentó como una de las causas de la expropiación la preservación de los puestos de trabajo, permite tranquilamente la destrucción de 25.000 empleos. Y los bancos, inyectados con 440.000 millones del dinero de todos, los liquida y reparte a peseta la acción entre los grandes de la Banca. Ya predijo el patrón Rafael Termes, a raíz de la expropiación, que la Banca «no pensaba sacar tajada del asunto».
El saco es de tal calibre que el 26 de julio de 1988, el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, envía una carta al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga exponiéndole «la profunda inquietud que produce el crédito concedido al Banco de Expansión Industrial, banco que ha servido para financiar las operaciones de reprivatización de Rumasa, cuya evolución desde julio de 1984 en que se inició con un importe de 5.000 millones de pesetas, ha pasado a los 240.000 millones a finales de 1987, manteniéndose el mismo nivel a esta fecha». Rubio expresa esa inquietud no sólo por el importante volumen que ha alcanzado esa financiación, sino por «su atipicidad en las relaciones del Banco de España con la Banca». Para lo que sugiere que el asunto se resuelva en el presente ejercicio de 1988 utilizando la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que se «podrían introducir las cláusulas adecuadas de asunción del riesgo por el Estado.» Es decir, un asiento contable, carpetazo y todo a cero. Y en consonancia el Parlamento se niega a crear una comisión sobre la reprivatización porque «no es conveniente». De un plumazo el tribunal de Cuentas da por buena la cifra de 670.000 millones como coste de la reprivatización, pese a que otros consejeros la sitúan por encima de los 850.000 millones y desprecia una sentencia del Tribunal Supremo que exige volver a investigar algo por lo que los españoles en su conjunto han pagada más de un billón de pesetas.
Con el expolio de Rumasa se trituró soezmente el Estado de derecho. El Ejecutivo utilizó de forma espuria a la Justicia y se inició la grave corrupción que marcó a los gobiernos socialistas de Felipe González. Por algo el ministro Solchaga se encargó de acuñar la máxima de que España era el país dónde más fácil era hacerse rico y más rápido era hacer dinero. La España del pelotazo. En definitiva.
(Tomo 6-1983. La democracia año a año- El Mundo 2008).
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