España, ¿Democracia o Partitocracia?

Los catalanistas creen que la democracia consiste en votar y votar. Los nacional-socialistas de Hitler llegaron al poder gracias al voto democrático en la República de Weimar. Asimismo, más recientemente, el nacional-socialista (socialista «bolivariano») Chávez ganó varias elecciones presuntamente democráticas en Venezuela. Mussolini y Franco, en sendas dictaduras, ganaron votaciones plebiscitarias sin demasiadas trampas. Si Lincoln hubiera sometido a plebiscito la abolición de la esclavitud, -lo certifican todos los historiadores- probablemente lo hubiera perdido. Otra votación democrática históricamente injusta fue la derrota de Churchill por los laboristas en 1945. Así de caprichosa es la plebe, de donde por cierto viene el término plebiscito. En un nuevo prólogo de 1966 a su obra clásica The Origins of Totalitarianism (1951), basándose en documentación sobre la opinión pública alemana no publicada hasta los años sesenta, Hannah Arendt constataría con cierta amargura: «Es completamente obvio que el apoyo de las masas al totalitarismo no se explica por la ignorancia ni por el lavado de cerebros».
La verdadera democracia require, además del voto libre, el respeto a la Constitución. No hay democracia sin ley. El Imperio de la ley es un principio filosófico y metajurídico, algo más profundo y sutil que el denominado «Estado de Derecho», concepto impregnado de nociones administrativistas que por desgracia han contaminado la mente de casi todos nuestros juristas (particularmente los «abogados del Estado»), jueces y profesores de derecho constitucional (un ejemplo patético: el ilustre jurista, profesor y beneficiario de altos cargos Francisco Rubio Llorente). Hay que decir, además, que la democracia es procedimental, que no tiene sentido si no se respetan los derechos y las libertades individuales, que son lo sustancial. En Cataluña, por ejemplo, en este momento histórico concreto no hay libertades ni derechos individuales, solo impera la libertad catalanista: de los independentistas, de los autonomistas o «federalistas» compañeros de viaje, e impuesta a una mayoría silenciosa o silenciada.
Como ha analizado rigurosamente Friedrich A. Hayek (en su obra clásica The Constitution of Liberty, Chicago, 1960, que muy pocos de nuestros constitucionalistas han leido), una votación puntual, políticamente circunstancial y de una pequeña parte de una totalidad nacional, no puede anular una constitución que un pueblo se ha dado para un largo periodo histórico. Este es uno de los aspectos, pero no el único, del Imperio de la ley (Rule of Law) que se le escapa a las mentalidades administrativistas y reglamentistas de los partidarios del positivismo jurídico, enemigos del genuino y fundamental derecho natural.
De acuerdo, los paletos catalanistas (repito y subrayo: catalanistas) no entienden lo que es una democracia. Pero el sistema político español en rigor tampoco es una democracia ejemplar, sino una partitocracia. Y para el colmo, la mayoría de sus dirigentes políticos, económicos y sociales (el establishment, la oligarquía o casta política, como se prefiera) son prevaricadores, en el centro y en la periferia. Prevaricador no solo es el que a sabiendas incumple la ley, sino también el que lo consiente. Es decir, no solo el presidente de la Generalidad Arturo Mas y todos los separatistas catalanes o de cualquier parte de España, sino también el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno, los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, legisladores, gobernantes y funcionarios, etc., que lo permitan. Así de claro.

Todo este triste espectáculo a que estamos asistiendo pone en evidencia la baja calidad de nuestra democracia, que está muy lejos de haberse consolidado, pese a lo que hayan dicho y sostengan la mayoría de nuestros sociólogos y politólogos progres, quienes han sido casi siempre agentes intelectuales de la partitocracia.
En contraste, pongamos el ejemplo de una auténtica y experimentada democracia, pese a sus defectos, los Estados Unidos. Aquí la democracia es genuina, hay partidos pero no partitocracia (por ejemplo, las primarias no las organizan y regulan los partidos sino los Estados, y los candidatos se presentan individualmente ante los electores sin los avales y apoyos de los partidos). Pero, sobre todo, el Imperio de la ley es absoluto. La institución del Impeachment es una amenaza real contra la prevaricación, la corrupción, la traición y otros delitos o simples malas conductas, de la que no se libra nadie (funcionarios, jueces, gobernadores, ni la propia Presidencia). Sabemos que en la historia tres presidentes han sido sometidos a juicio (Andrew Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton), pero la lista de otros funcionarios, altos y bajos, comprende varios centenares. Por ejemplo, en el importante Estado de Illinois, con el área metropolitana de Chicago (cinco veces mas extenso y casi el doble de la población de Cataluña), solo desde la Segunda Guerra Mundial seis gobernadores –cargos equivalentes al presidente de la Generalidad- han sido imputados y condenados por corrupción o prevaricación. El último, Rod Blagojevich, gobernador demócrata durante 2003-2009, en teoría el jefe político de Obama en la «maquinaria de Chicago», fue sometido a Impeachment, depuesto como gobernador y condenado a prisión (donde actualmente se encuentra). El propio presidente Obama y altos funcionarios de su administración (incluidos la exsecretaria de Estado-candidata presidencial Hillary Clinton, el secretario de Justicia Eric Holder, el exdirector en funciones de la CIA Mike Morell, etc.) se encuentran hoy bajo sospecha por una serie de casos que estan siendo investigados por las comisiones del Congreso (Bengazi, Fast and Furious, IRS, NSA, ACORN, etc.).
James Madison, uno de los padres de la Constitución norteamericana, sostenía que si los hombres fueran angeles no serían precisas la política ni las leyes. Winston Churchill afirmó que la democracia es el peor de los sistemas políticos con la excepción de todos los demás. Pero no hay democracia sin Imperio de la ley. Constituye la esencia del fair play, de las reglas del juego que ciertamente pueden ser reformadas. No iré tan lejos como Shakespeare que sostenía que para abordar cualquier reforma política hay que asesinar a todos los juristas (nuestro Quevedo, más moderado, se regodeaba con la máxima «merus jurista, purus asinus»), pero sí creo, como condición sine qua non, que debemos denunciar y prescindir de los prevaricadores.