Liberalismo en España

Las dificultades de España para salir de la crisis económica tienen mucho que ver con un sistema político nacional iliberal inmerso en un sistema económico internacional liberal, pues debe aplicar unas recetas ajenas a su acervo ideológico. Al propagarse la crisis económica por Europa en 2008 se hizo famoso el despectivo término de PIGS para referirse a los países del sur de Europa que más sufrieron sus consecuencias, Portugal, Italia, Grecia y España, a los que pronto se sumó Irlanda para ampliar el acrónimo a PIIGS. Lo chocante en los análisis que trataban de explicar la situación fue la ausencia de toda referencia a una característica común a todos ellos y que bajo mi punto de vista es crucial para entender el rápido deterioro de sus economías, se trata de los miembros menos liberales de Europa Occidental, ya sea por su pasado dictatorial (Portugal, Grecia y España), ya por su crónica inestabilidad (Italia) o por su pasado colonial (Irlanda), donde la religión juega un destacado papel en todos ellos (la ortodoxa en Grecia y la católica en el resto).
El que una sociedad y su régimen político no sean liberales no es un obstáculo para su desarrollo, si bien sólo los gigantes como China y algún que otro tigre puedan solventar por la escala y empuje de sus economías las incongruencias de un Estado iliberal inmerso en un orden económico ultraliberal. Ese no es el caso de España, la crisis frustró los sucesivos intentos de los gobiernos populares y socialistas por colocar al país en la primera fila de la política mundial (a través del poder duro en el primer caso, merced al poder blando en el segundo), devolviéndolo a la irrelevancia en la que había caído a lo largo del siglo XX.
En España el liberalismo siempre ha sido una ideología contestada desde todos los ángulos políticos, desde la más rancia derecha conservadora hasta la izquierda menos radical, pues sus supuestos han ido en contra de los intereses de la gran mayoría de las élites que veían en su implementación política un ataque frontal a sus intereses. El que el socialismo y el comunismo se hayan opuesto al liberalismo es ideológicamente congruente, no lo es tanto el que la mayor parte de la derecha española siga siendo iliberal, pese a sus constantes referencias al liberalismo como cuna ideológica de su credo político.
En el presente artículo me centraré en cuatro aspectos básicos de nuestra vida política que prueban la falta de liberalismo en nuestro sistema en general, y su debilidad en el seno de su derecha en particular, como son el carácter de nuestros partidos políticos, el ordenamiento territorial, el secuestro del parlamento y la corrupción.
Si convenimos en que la cuna del liberalismo se encuentra en el mundo anglosajón, valdría la pena pedir a uno de sus mayores exponentes, por ejemplo un ciudadano medio estadounidense, a que comprobara en España el nivel de liberalismo dentro de nuestros partidos políticos. Lo primero que diría ese ciudadano estadounidense tras verificar su funcionamiento sería si es que el telón de acero no cayó por estos lares como lo hizo en el resto de Europa en 1989, pues al comprobar la rigidez de los mismos los equipararía con razón al antiguo PCUS, con su culto al líder, sus miles de apparátchik, su falta de democracia interna, su profesionalización, etc.
Para un estadounidense sería impensable el consagrar su vida a un partido político, pasando de los cuadros juveniles a las asesorías en las distintas administraciones o a alguna concejalía, ascendiendo por las diputaciones provinciales y los parlamentos autonómicos, hasta llegar al Congreso nacional y la dirección del partido o acabando sus días en el Parlamento Europeo. Hay muchas personas que no conocen más vida que la de su partido político, no es de extrañar si tenemos en cuenta que es una actividad rentable, por mucho que nos quieran hacer ver lo contrario, ¿cómo si no explicar que un miembro de nuevas generaciones pueda ganar más que un ministro sin salir de su provincia? ¿O pensar en todas las retribuciones y ventajas asociadas a los cargos políticos? Con todo, ¿quién no acataría ciegamente las órdenes de arriba cuando está en juego un sueldo de 50.000, 60.000 o 70.000 euros anuales? Y todo por seguir unas siglas, sin arriesgar lo más mínimo, ni de su patrimonio personal ni del político, pues en España el político no es responsable de nada, uno puede perder unas elecciones tras haber efectuado la peor campaña de la historia y ser luego recompensado con un nuevo puesto de los de a dedo, no sea que el partido vaya a perder uno de sus activos más valiosos. Todo este sistema crea unas estructuras cerradas donde el mérito no cuenta frente a la lealtad y la sumisión a la dirección, donde el que llega a la cúspide no es el más valioso sino el que ha demostrado mayor resistencia a los ataques de propios y extraños, preocupado más por conservar el poder que en defender los principios que supuestamente abriga su partido. Para muchos de nuestros dirigentes políticos que se dicen liberales, no importa leer a John Locke o a Mijaíl Bakunin, pues ambos representan para ellos el mismo tipo de ideología revolucionaria a combatir. Por supuesto, para nuestro virtual ciudadano estadounidense y para cualquiera que quiera verlo esto tiene más que ver con el autoritarismo que con el liberalismo, y es uno de los límites principales de nuestro sistema democrático, pues mientras los partidos políticos continúen anclados en un funcionamiento interno propio del Antiguo Régimen, no habrá posibilidad alguna para la imperiosa regeneración democrática que necesita este país.
Ataquemos ahora el segundo punto, el ordenamiento territorial. Si uno tiene la suerte de nacer como yo en Bembibre, caerá sobre ti el peso de al menos seis instancias administrativas. En primer lugar tu ayuntamiento, que con una deuda de poco más de 2,5 millones de euros, es la primera expresión de Administración Local ( en España a 1 de enero de 2012 había 8.116, en 1980 eran 8.022), a la que sigue el Consejo Comarcal del Bierzo, cuya mitad del presupuesto de 6 millones de euros va destinada al pago de sus sueldos (se me antoja inverosímil que los 3 millones restantes puedan satisfacer las demandas bercianas de una mayor autonomía administrativa respecto a León, razón de ser teórica de dicho Consejo), y por último la Diputación Provincial, que se ocupa del gobierno y administración de la provincia de León, y que en 2011 era la más endeudada de la Comunidad de Castilla y León con una deuda de casi 90 millones de euros, para un presupuesto anual en torno a los 130 millones de euros.
El caso leonés no es el único, en España existen 38 diputaciones provinciales de régimen común con un presupuesto total de 6.500 millones de euros, de los cuales casi un tercio se destina a gastos de personal, con una deuda en 2011 de 4.168 millones de euros (a estas habría que sumar las tres diputaciones vascas, los siete cabildos y los tres consejos insulares, que elevan su presupuesto total a más de 20.000 millones y su deuda a más de 7.000). Las Diputaciones son órganos de gobierno indirecto, conformadas según los resultados de las elecciones locales, y fuente del caciquismo más cerril donde los partidos políticos, o mejor dicho, los hombres y mujeres fuertes de un determinado partido ejercen su autoridad sobre toda una provincia sin que nada se interponga en su camino, salvo que la justicia haga por fin su trabajo y ponga freno a sus desmanes, los casos de Castellón u Orense son tristemente familiares en numerosas provincias, y lejos de ser una excepción son el producto de largos años de prácticas generalizadas al borde de la legalidad o simplemente ilegales.La clave de su importancia estriba precisamente en el control que los partidos políticos ejercen sobre estas instituciones, y las reformas de la administración local encaminadas a reforzar a las diputaciones en detrimento de los municipios son totalmente lógicas bajo los intereses partidistas, aunque quizá no tanto para el interés del ciudadano, que con ello ve cómo se aleja cada vez más el poder de su ya escasa capacidad de control, que se vería totalmente anulada de aprobarse la elección directa de alcaldes a la lista más votada, auténtica cacicada del que ve peligrar su poder (quizá la urgencia de su aprobación se encuentre no sólo en la proximidad de la elecciones locales, sino también en una secreta celebración del bicentenario del intento de Fernando VII de acabar con las reformas de la Pepa a través de unos decretos que pretendían devolver a España al Antiguo Régimen, intento que fracasó, ayudando así al triunfo del proyecto liberal). Es más, a nivel provincial el Estado no sólo cuenta con las diputaciones provinciales, sino que en 1997 se crearon los Subdelegados del Gobierno, 44 en total, siendo los sucesores de los antiguos gobernadores civiles, con condición de alto cargo ya que representan al Gobierno y dirigen la Administración del Estado en sus respectivos territorios, son por tanto instituciones de carácter político que dependen de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Superado el marco local, llegamos al autonómico, y como berciano estoy integrado en la Junta de Castilla y León, cuya sede se encuentra en Valladolid. El gobierno de Castilla y León está formado por una junta de miembros (el presidente y 10 consejeros) y un parlamento autonómico (con 84 procuradores), cuya deuda en 2013 había ascendido a más de 8.000 millones de euros, casi el doble a la que tenía en 2010, nada extraño si se tienen en cuenta circunstancias como que los cinco procuradores que integran la mesa del parlamento reciben una prima mensual cada uno de 1.800 euros por los viajes que realizan, eso sí, en coche oficial. Si se tiene en cuenta que más del 70% de la legislación que nos afecta a los españoles procede de instancias europeas, el famoso acervo comunitario, y que el resto se crea en sede parlamentaria nacional, poco sentido tiene para un berciano pagar con sus impuestos una nueva sede de las cortes autonómicas donde hasta hace poco había incluso representantes comuneros, tan alejados de mis intereses como puedan estarlo los miembros de la Alternativa Mijeña.
Ya a nivel nacional, las acciones del Congreso y del Gobierno son las que más me afectan, como es lógico y normal. El Congreso está formado por el Parlamento o Cámara Baja, con un total de 350 diputados que tienen un sueldo base por encima de los 40.000 euros anuales pero que con dietas asciende a una media de 76.000 euros (el salario medio en España en 2013 se situaba en 23.650 euros anuales), y por el Senado o Cámara Alta, integrado por 266 senadores con un sueldo base superior a los 37.000 euros, pero cuya media subirá unos miles más al contar con dietas, pues incluso los naturales de Madrid cobran un complemento de casi 900 euros mensuales por tener que vivir en su ciudad en el cumplimento de su trabajo(no recuerdo que fuera tan malo vivir en la capital del reino), cantidad que se dobla para el resto, tales dietas están exentas de impuestos al tratarse de indemnizaciones, dándose el caso de que en el Parlamento hay 62 diputados que cobran tal complemento de más de 1.800 euros mensuales pese a tener una o más viviendas en Madrid (¿tanto nos cuesta a los españoles el que sus diputados vivan en sus casas?).
Por encima de la administración nacional se encuentra Europa, ese ente complejo que desde los valles y montañas bercianos se intuye como el origen de todos sus males y que para analizarlo necesitaría varios artículos más, escapando así al objeto del presente análisis, si bien la entrada de España en las instituciones europeas, pese a las expectativas que podía haber creado, no ha afectado en nada a la liberalización de sus instituciones políticas.
Pasemos así al secuestro del Parlamento, algo mucho más serio y duradero que la breve intentona de Tejero. Por tal entiendo el férreo control que ejercen los partidos políticos sobre la institución, impidiendo así que ésta cumpla con su cometido. Según las Constitución española de 1978 «Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado» (Título III, art. 66), algo que en nada se cumple, pues lo que representan en realidad es a los partidos políticos que han conseguido representación. Tampoco la función del Senado se lleva a cabo, pues desde luego no es la cámara de representación territorial que le asigna el art. 69, todos los miembros de un mismo partido votan lo que la dirección les ordene, aunque eso suponga la ruina de su respectiva comunidad autónoma de origen, ¿nos extrañamos luego de que surjan partidos autonómicos contrarios a la pertenencia en España de sus territorios? Todo ello se deriva de la disciplina interna de los partidos, que impide que ningún diputado o senador vote en conciencia, so pena de perder los privilegios de pertenecer al partido. Si de nuevo ese ciudadano estadounidense viera el funcionamiento de nuestro parlamento se frotaría los ojos varias veces antes de preguntarnos para qué conservamos tan inútil institución, pues si sus miembros carecen de libertad necesaria para ejercer su cometido, bastaría con que los propios partidos políticos desde sus sedes anunciaran sus proyectos de ley, sumando sus votos respectivos y aprobando aquellas que contasen con el margen requerido, solventando sus críticas en la prensa y ahorrando a la ciudadanía los gastos de unas Cortes Generales vaciadas de sus prerrogativas. ¿Para qué conservar un legislativo que no puede controlar al ejecutivo? Se pensará que cuando se gobierna en minoría las coaliciones obligan al gobierno a someterse aun más al parlamento, pero a quien se somete es a sus socios políticos, no a unos diputados controlados por sus respectivas direcciones, qué decir cuando un partido obtiene mayoría absoluta, entonces el parlamento tan solo sirve para la exhibición de poder de unos y de impotencia del resto, pues deviene en brazo legislativo del gobierno.
Todo ello quiebra una de las bases de nuestro sistema democrático, la división de poderes, pues cuando un solo partido domina dos de las tres ramas del poder, el sistema de controles y contrapesos deja de ser efectivo. Mientras los partidos políticos continúen con un régimen de disciplina interna tan riguroso de nada servirán las medidas de regeneración democrática que se anuncian con el surgimiento de cada crisis, pues el parlamento continuará aletargado bajo el soporífero dominio de los partidos políticos.
Llegamos así al cuarto punto, y que quizá parezca que nada tiene que ver con el presente artículo, pues la corrupción no es patrimonio exclusivo de un determinado sistema, sino que afecta a todos por igual, pero como mostraré, en el caso de España se ha alimentado y alimenta de las tres circunstancias anteriormente descritas, teniendo así una fuente de alimentación en el iliberalismo español.
El grado de apertura de un partido político es fundamental en el desarrollo de la corrupción, sobre todo en la institucionalizada, Cuanto más cerrado sea el partido puede que un líder o una dirección honestos sean capaces de cortar de raíz los conatos de corrupción, pero si no es así, ya sea por ineptitud o por culpabilidad, pronto la corrupción se extenderá por todo el partido como una plaga, precisamente por el carácter cerrado del partido, donde la lealtad y el silencio serán las garantías de progresión en el mismo. Al contrario de lo que se piensa, en España la corrupción no debilita a los partidos, sino que los ha hecho más fuertes, individualmente porque aquellos acusados de corrupción y que no han tirado de la manta han mostrado su fidelidad al partido, pudiendo así ser recompensados con el apoyo público de sus compañeros, y a nivel grupal las acusaciones de corrupción cohesionan aun más al grupo, uniéndoles en torno a la defensa de los implicados, ya se sabe «sé fuerte».

En ello tiene mucho que ver el ordenamiento territorial, en cualquier ayuntamiento, en cualquier diputación o en cualquier gobierno autonómico que nos imaginemos existe la corrupción, ya que la dispersión administrativa favorece las acciones ilícitas, multiplicando los posibles canales para los sobornos, las prevaricaciones, las malversaciones…(la realidad apoya al descaro del alcalde de Brunete, quien no dimitió tras hacerse público su intento de soborno a una edil de un partido de la oposición, ya que según él mismo actuó como lo hacen el resto de alcaldes de España). Cualquier empresario español puede dar fe de ello, si no lo hace es por miedo a perder su empresa o por el beneficio que saca de ello, ya es hora de decirlo, la corrupción no es una excepción, sino que se ha convertido en la esencia del sistema, es el aceite que lo mantiene en movimiento, el equivalente al crédito para el sistema económico, y cuando se reduce todo funciona más lento.
En cuanto al parlamento, ¿cómo esperar de él una ley que verdaderamente persiga la corrupción si sus principales actores, lo partidos políticos, son precisamente los que más se benefician de ella? Y sin leyes apropiadas, ¿cómo van a impartir los jueces la justicia que tanto se demanda en la calle? No nos confundamos, la mayor fuerza antisistema que existe en este país no son los nuevos partidos surgidos del malestar social, sino la corrupción, que ataca la esencia de nuestra democracia favorecida por unos partidos políticos antidemocráticos en su funcionamiento interno, por una ordenación territorial disfuncional y por un parlamento incapaz de ser tal.
Todo ello deriva en un sistema iliberal que se ha mostrado incapaz de cambiar su modelo económico para adaptarse a las nuevas reglas de la globalización, no es extraño que el turismo haya sido el sector a fomentar para muchos partidos políticos, ya que es un modelo que se presta a todo tipo de corruptelas (urbanísticas sobre todo) dejando al país en el subdesarrollo económico (Canarias tiene 100% de ocupación hotelera casi todo el año, pero también los peores índices de desarrollo del país). No es extraño, la industrialización no es tan beneficiosa para los corruptos, en cambio el turismo y el ladrillo son muy rentables, y nada costosos políticamente, se fomentan sin esfuerzo, mientras se crea una ilusoria sensación de desarrollo nacional que se rentabiliza en votos.
La culpa no es solo de los políticos, también de los empresarios y de la ciudadanía en general, donde el paternalismo oligárquico guía nuestras relaciones, y no el liberalismo que tanto se cacarea. Por desgracia los liberales continúan siendo una minoría en este país, obligados a contemplar como el nepotismo de un capitalismo de amigotes (crony capitalism) se llama a sí mismo liberal, causando un grave perjuicio a su causa, de hecho, hoy día, definirse en España como liberal es poco menos que un pecado, pues enseguida caerán sobre ti todo tipo de acusaciones procedentes de la inquisición progresista, autoproclamada reserva moral de la sociedad.
Creo firmemente que el liberalismo ha sido una de las fuerzas ideológicas que más han hecho por el progreso de España, desde acabar con el absolutismo, hasta la modernización administrativa, pasando por el control civil del ejército y una relación sensata con la Iglesia (antiliberal antes y antiliberal ahora). Y creo que aun puede hacer mucho por el futuro de los españoles, pero haberse pasado toda una vida en un partido político no da derecho a definirse como liberal, no a menos que se hayan sufrido los sinsabores del sector privado, y con ello no me refiero a retirarse de la política como directivo en una empresa multinacional como pago a los favores concedidos, sino a experimentarla de verdad, a tratar de crear un negocio pese a las trabas burocráticas, los sobornos, los impuestos revolucionarios con todo tipo de certificaciones, las inspecciones, la falta de crédito bancario (los bancos deben de estar muy ocupados en perdonar la deuda de los dos principales partidos, que aun así ascendía a 136 millones de euros en 2014), etc., y es que en España hay muchos liberales que lo son aun sin saberlo, y que lo son mucho más que la mayoría de los políticos que se definen como tales, me refiero a los miles autónomos y pequeños empresarios que en este país se deciden a vivir de su iniciativa, y que solo piden a sus políticos que les dejen al menos intentarlo. Quizás así, de haber experimentado personalmente lo que muchos de nuestros emprendedores soportan a diario, nuestros políticos llegasen al parlamento no para hacer política de cosmética, maquillando las leyes para que nada cambie, sino que de verdad trataran de cumplir lo que alegremente prometen en las campañas, y puede que incluso alguno se atreviese a desafiar a sus propias direcciones, abriéndolas a sus votantes, haciéndolas responsables no a la cúpula, sino al examen de la ciudadanía, suponiendo claro está, que ésta asuma de una vez las responsabilidades que tan crédulamente ha ido cediendo a los partidos políticos, grandes responsables de un ordenamiento territorial disfuncional, de un legislativo que no cumple con sus funciones y de una corrupción que gangrena el sistema. Puede que aquí nuestro ciudadano estadounidense pensara en figuras como Theodore Roosevelt o Woodrow Wilson, dos de los más grandes presidentes de su país que lucharon contra la corrupción (política y financiera) pese a la oposición de sus respectivas maquinarias partidistas, algo por el momento inverosímil en España, pero que resulta más necesario que nunca si no queremos vernos víctimas de nuevos populismos salva patrias.
Durante las manifestaciones contra la política de austeridad y sus recortes una frase recorrió España, «lo llaman democracia y no lo es», no les faltaba razón a los indignados, quizá su indignación haya llegado demasiado tarde, motivos para ello los había de sobra desde hace lustros, pues los cuatro males aquí descritos existen desde el nacimiento de nuestra democracia. En mi caso, mi indignación es otra, o quizá la misma bajo un prisma más personal, pero que en el fondo remite al descontento con una clase política que, bajo mi punto de vista, «se llama liberal y no lo es».