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Marruecos debe cumplir la legalidad internacional

Discurso de clausura vicerrectora UCM Jornadas #40
Sr coordinador de la RASD con la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO),Delegada para España de la RASD, Presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), Representantes de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui, Representantes de ONGs, Señoras y Señores, Amigos y amigas,
Para la Universidad Complutense ha sido no sólo una satisfacción dar hospitalidad a estas jornadas de reflexión y análisis, sino sobre todo, el cumplimiento de un imperativo moral hacia el pueblo saharaui y una expresión del compromiso que la Universidad tiene contraído con la solidaridad y la justicia. La Universidad no es una torre de marfil ni puede ser ajena a los problemas que se suscitan en nuestra sociedad sino que es una institución comprometida con los valores.
Estas jornadas abiertas a los estudiantes han permitido un debate riguroso y con una amplia pluralidad de opiniones, centrado en los derechos legítimos del pueblo saharaui, que vienen siendo conculcados de forma sistemática desde hace cuarenta años. Se ha puesto el foco sobre la violación los Derechos Humanos de un pueblo y sobre el expolio de sus recursos naturales.* Nos remitimos también a los post del Prof. J.V. Gónzalez García: http://globalpoliticsandlaw.com.
Se pretendía sensibilizar a la población madrileña y española sobre las causas del conflicto y las consecuencias que está teniendo sobre la población saharaui, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados. Si estas jornadas han servido de ventana y altavoz de la causa saharaui, nos damos por satisfechos, como universitarios y como españoles. Porque este conflicto no puede ser un conflicto que caiga en el olvido y nuestro deber como Universidad es ayudar a que ocupe un primer plano en el debate público.
Los gobiernos españoles son responsables de parte del dolor de los saharauis. Tienen una responsabilidad directa. Hemos sido un país colonial que abandonó de manera indecorosa a su colonia. Porque en 1975, tras prometer la independencia a los saharauis, el gobierno español firmó un acuerdo que troceaba el Sahara y lo repartía entre Mauritania y Marruecos. Un acuerdo que contravenía el contenido del Dictamen Consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975 en el que se negaba cualquier tipo de Derecho de los dos Estados sobre el territorio saharaui y en el que se señalaba que no había razón alguna para no aplicar la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU y descolonizar ese territorio.
Nuestro gobierno traicionó al pueblo saharaui, lo vendió y se retiró a toda prisa. Los saharauis que pudieron, con sus ancianos y sus niños, huyeron despavoridos al desierto, perseguidos y bombardeados por los marroquíes. El acuerdo abrió el camino para la inmediata ocupación militar del territorio y el posterior reparto entre ambos realizado mediante acuerdo de 14 de abril de 1976. Tras la Proclamación de la República Araba Saharaui Democrática en 1976, el 5 de agosto de 1979 el Frente Polisario y Mauritania alcanzaron un acuerdo por el cual Mauritania cedía la parte que ocupaba del Sahara Occidental al Frente Polisario, pero Marruecos se anexionó esa zona el 11 de agosto.
Desde esa fecha, se han vivido etapas muy diferentes en las que el Papel de la ONU ha sido desigual pasando de una cierta inactividad entre 1976-1988 a un papel de una mayor implicación entre 1988 y 2002 centrado fundamentalmente en el Plan de arreglo de la cuestión del Sahara Occidental cuyo elemento principal era la celebración de un referéndum de autodeterminación paralizado en varias ocasiones y que, a día de hoy, no se ha celebrado aún.
Resultado de ello es que los saharauis allí siguen, a pesar de las resoluciones favorables de la ONU. Son 120.000 y llevan 40 años en la hamada argelina –en la zona de Tindurf- un lugar inhóspito. Cuarenta años en campamentos de refugiados, en condiciones inhumanas y dependiendo de la ayuda internacional, que se ha desplomado con la crisis.
Además del impasse en el que se encuentra su lucha, los saharauis tienen otro motivo de queja. La vida ha empeorado en los campamentos a causa de la reducción de la ayuda humanitaria internacional, y ha provocado, por ejemplo, que dos tercios de las mujeres padezcan anemia.
De ahí que el diplomático estadounidense Christopher Ross -que ostenta el cargo de enviado personal para el Sáhara Occidental del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon- haya sugerido a los embajadores que una parte de los fondos destinados por la ONU a fomentar las medidas de confianza entre Marruecos y el Polisario -como las visitas cruzadas de familiares saharauis que llevan décadas sin verse- se inviertan en pequeños proyectos socio-económicos en los campamentos. La disminución de las ayudas y el incremento de personas que regresan a los campamentos por falta de empleo en España -y que dejan de enviar remesas a sus parientes- dificulta la subsistencia de las familias. Aún hoy España tendría una cierta obligación jurídica y en todo caso moral de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues la cesión del territorio que se hizo es nula.
Estas jornadas nos dan la ocasión para hacer un nuevo llamamiento a la ONU para que obligue a Marruecos a cumplir con la legalidad internacional. Lamentablemente, Marruecos pretende imponer a las Naciones Unidas, a sus funcionarios y a las potencias internacionales la lógica de la ocupación con violaciones como el brutal ataque perpetrado por el ejército marroquí contra las poblaciones civiles del campamento de Gdeim Izik, hace cinco años. Desde aquí pedimos la liberación de los presos de Gdeim Izik, condenados injustamente por un tribunal militar a larga penas de cárcel, algunos de ellos a cadena perpetua. Pedimos que se levante el bloqueo impuesto a los territorios ocupados, que se desmantele el muro el muro militar de 2720 km que divide el territorio del Sahara Occidental y que se obligue a Marruecos a desminar y a desmilitarizar esta muralla. Desde aquí pedimos también que se arroje luz sobre el paradero de todos los desaparecidos saharauis desde la invasión marroquí a finales de 1975.
Hace décadas que el mundo bipolar de la guerra fría y de bloques ha desaparecido, y las razones estratégicas que se invocaban en las tres últimas décadas para el Magreb son obsoletas. Hoy ni Argelia ni una RASD independiente suponen desequilibrio alguno para la zona y, por lo tanto, tampoco para Marruecos. Estados Unidos y Francia deben modificar y rectificar su posición de seguir manteniendo el bloqueo a la celebración de un referéndum de autodeterminación, que la ONU ha dispuesto en diferentes resoluciones incumplidas.
En cuanto a España, y a diferencia de cuanto ocurre en relación con los nacionales de otras antiguas colonias u otras nacionalidades, no reconoce para los saharauis un procedimiento privilegiado para la adquisición de la nacionalidad española (más allá de la mera residencia de dos años) a pesar de que nuestro Tribunal Supremo está reconociendo su condición de apátridas.
La RASD tiene hoy una presencia y un reconocimiento internacional en más de setenta países y forma parte de la Unión Africana. Los saharauis tienen el legítimo derecho a decidir su ciudadanía y su propio futuro. Este mundo global no debe de seguir contemplando impasible al Sáhara Occidental, antiguo Sáhara español, como la última colonia de África.
Nada más y muchas gracias.
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    Acerca de Isabel Fernandez Torres

    Es vicerrectora de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector de la UCM

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