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Acuerdo de Paz gobierno colombiano-FARC

Acuerdo de Paz gobierno colombiano-FARC
Después de cincuenta y dos años de guerra entre la Administración Central Colombiana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y tras cuatro años de conversaciones de paz, hoy será un hecho el paso a la historia del conflicto armado que acarreó más ocho millones de víctimas, 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos, y que tenía aterrorizada a toda una sociedad sin distinción de clases sociales.
La oficialización de acuerdo, negociado por las delegaciones de paz reunidas en la Habana, no implica la firma oficial de los acuerdos. Previo a ello, se deberá enviar el manuscrito al Congreso colombiano para ser refrendado mediante plebiscito el próximo 2 de octubre; momento en el cual el pueblo colombiano podrá manifestarse a favor o en contra de éste acuerdo que, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, pone fin al conflicto histórico entre hijos de una misma nación.
Por su parte, las fuerzas guerrilleras activas más antiguas de América Latina han ratificado, vía consulta interna, a través de un congreso conocido como Décima Conferencia, que ha contado con la presencia de un millar de miembros entre jefes y mandos intermedios, la renuncia al alzamiento armado y el inicio a la transición como movimiento político.Una vez rubricado el acuerdo, se prevé la formación de una comisión de implementación, seguimiento y verificación, integrada por el Poder Ejecutivo colombiano y las FARC, que servirá como instancia para la resolución de diferencias y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.
Sólo cuando el acuerdo reúna al menos 4,4 millones de votos afirmativos por parte del pueblo colombiano, junto a la aprobación de las FARC en la Décima Conferencia, podrá decirse que el último conflicto armado dentro del continente americano está en vías de extinguirse.Sin embargo, ¿cuáles son los tópicos que contiene esta matraz del cambio que sentaría las bases de una paz estable y duradera?Puntos del Acuerdo de Paz.
Se trata de un acuerdo de seis puntos que versan sobre los siguientes ejes: 1.- Reforma rural integral: se desarrolla una planificación estratégica que pone fin a la brecha que existe entre el campo y la ciudad, integrando las regiones y creando condiciones de bienestar y promoción de la igualdad de las poblaciones rurales. 2.- Participación política: se amplía y profundiza las bases democráticas, permitiendo el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales. 3.- Cese el fuego definitivo y de hostilidades bilaterales y dejación de las armas: se establece la intermisión definitiva de las acciones ofensivas y de las hostilidades entre la fuerza pública y las FARC, incluyendo el fin de la afectación a la población en su integridad y la reincorporación de las FARC a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses.
En este punto también se incluyen medidas sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. 4.- Solución al problema de las drogas ilícitas: se promueve la creación de una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. 5.- Víctimas: se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad, combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros. 6.- Mecanismos de implementación y verificación: se crea una comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias – integrada por representantes del gobierno nacional y de las FARC, con el fin de hacer un seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa, entre otros, y puesta en marcha de un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos portavoces internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.Distintas Voces

En cualquier negociación donde se pretenda destrabar la lucha de poderes, el otorgamiento al adversario de algún grado de impunidad y la posibilidad de ganar en algunos aspectos, es imprescindible a la hora de alcanzar los acuerdos finales.
Sin embargo, el reconocimiento que hace el gobierno del conflicto interno -le otorga a las FARC un estatus político que le permite acceder a los beneficios políticos, jurídicos y sociales, que van más allá de una simple desmovilización dado que implica la reincorporación a la vida civil de sus combatientes- genera incomodidad en parte de la población local, contrincantes políticos del primer mandatario y hasta una porción de la comunidad internacional.
Diversas voces se han alzado en contra de la rúbrica, no porque no estén de acuerdo con la paz, sino porque no comparten los puntos de la negociación y de cesión del gobierno colombiano.
Nadie olvida las nefastas consecuencias que produjo la negociación sin objetivos claros -como fue el caso de Caguán-, donde por el anhelo de mantener a toda costa una negociación sin un norte claro y en medio de la confrontación, no solo se llegó a un rotundo fracaso del proceso de paz, sino que, además, se abrió un nuevo ciclo de violencia que hasta hoy sigue vigente.
Si bien parte de las misiones diplomáticas, observan este proceso como uno de los hitos históricos más importantes de las misiones de paz del siglo XXI, otra parte de ella entiende este acuerdo como una amnistía encubierta que no prevé una justa reparación para las víctimas. Este es el caso de quienes consideran que establecer marcos de perdón y olvido, o establecer condenas figurativas, no excluyen la responsabilidad penal de quienes cometieron los delitos, quienes deben ser juzgados tanto en el ámbito nacional, así como en la justicia internacional, por tratarse de delitos de lesa humanidad.
Un claro ejemplo de ello resulta ser el caso del ex expresidente colombiano y actual senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quién ha denunciado que este nuevo acuerdo de paz entre el gobierno actual y las FARC, promueve la extorsión, el narcotráfico, el secuestro y el asesinato de policías y militares, y que Colombia se está debatiendo entre la justicia restaurativa, que es la que busca resarcir a las víctimas, y la punitiva, que es la que dice que los grandes delincuentes tienen que ir a la cárcel.
El ex primer mandatario considera que estos dos modelos de justicia deben ser complementarios, y no se puede dejar de lado el uno para privilegiar al otro. Uribe refiere que los crímenes cometidos por las FARC no pueden ser catalogados como delitos políticos, porque serían un mal ejemplo, toda vez que estos no conllevan a la revolución sino a infundir temor a la población en su conjunto.No obstante, y pese a que los fundamentos de su posición no están alejados de la realidad, no menos cierto resulta que cuando él tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias no lo logró.
Conclusión
En términos alquímicos se suele decir que ni la energía y ni la materia se crean o destruyen, sino que solo se transforman, y que conforme al principio alquímico de la correspondencia, el hombre no puede obtener nada sin antes dar algo a cambio. ¡Y…, este es el equilibrio del universo!Si aplicamos estas concepciones al ámbito político, vemos que ello es el claro ejemplo de lo que está ocurriendo en la realidad actual de la República de Colombia. Es imposible llegar a la paz sin hacer concesiones, que por más dolorosas e injustas que sean, sirvan de señuelo para poner fin al terrorismo que azota desde hace cincuenta años al principal país del mundo productor de café.

Se requiere de humildad, flexibilidad, hidalguía y sentido de responsabilidad histórica para comprender que éste intento de proceso de paz ambiciona ser un testamento del poder de la razón y la voluntad sobre la violencia y la adversidad. La paz no es la obra de héroes ni titanes, sino de hombres y mujeres imperfectos luchando en tiempos difíciles por un resultado incierto.
El Estado de la mano de la sociedad civil debe garantizar el éxito de esta negociación y sortear con decisión los obstáculos de este tipo de procesos para obtener finalmente el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la desarticulación de las FARC, la reparación material, moral y simbólica de las víctimas, el establecimiento de la verdad, un equilibrio entre aplicación de justicia y paz para evitar impunidad, y la reconstrucción social para un postconflicto exitoso.
Más allá del genuino nodo estructural que pueden encerrar las razones por las cuales los ex primer mandatarios Uribe y Pastrana, entre otros, entienden que este proceso de paz encierra serias deficiencias, lo cierto es que cualquier ruptura del proceso de paz generará en el país un amplio marco de desconfianza, que servirá de escenario propicio para nuevas revueltas y confrontaciones.Se dice que Colombia constituye una nación irremisiblemente dividida en dos «subnaciones», que responden, cada una de ellas, a intereses inconciliables y abiertamente antagónicos.
Este estado de cosas es la síntesis entre la incapacidad de equilibrar legítimos intereses contrapuestos y la hipocresía de quienes alimentan divisiones como método de acceso, conservación y acrecentamiento de poder.
El desgaste en vidas humanas y en recursos, producido por años de estado de guerra permanente, por el aislamiento y el descrédito internacional sufrido por éste país, parecería operar finalmente como obligado y trágico moderador de intereses, que permiten dar inicio a uno de los procesos diplomáticos más sagaces y discretos de la historia moderna.
Tras años de maduración sobre cómo materializar la paz entre adversarios, en cuyas venas corre el mismo linaje ciudadano, este acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, resulta ser la piedra filosofal que proscribiría la violencia como método de acción/coacción, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, se respete la institucionalidad del país, y donde se abran nuevos espacios para fortalecer el pluralismo.
Cualquier materialización de polarización asfixiaría la posibilidad de un debate más fértil sobre las agendas de la transición y de construcción de paz tras décadas de violencia, que han sido un obstáculo para lograr consensos sobre temas fundamentales como la democracia, la descentralización, los modelos de desarrollo territorial y la inclusión social y económica.
La representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política para todos los que pisen suelo colombiano, sienta las bases para la construcción de una paz estable y duradera, cerrando el capítulo del conflicto interno y convirtiendo a las FARC en un actor válido dentro de la democracia, que pueda contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición de los horrores vividos y a la transformación de las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia sistematizada en todo el territorio.
Este acuerdo de paz que se vislumbra como la salida del conflicto armado y proyecta un escenario de esperanza, debería ser respaldado y entendido como una ventana histórica para unir al pueblo colombiano en torno a las agendas que transformen las condiciones responsables de la reproducción de la violencia política en el país.

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    Acerca de Maria Gabriela Blanco

    Abogada especialista en Derecho Penal (UBA), certificada en Prevención de Legitimación de Activos y en Transparencia y Anticorrupción.Master Internacional en Asuntos Internacionales y Diplomáticos (Centro Unesco-ONU).Autora de la Novela "Reimu - El Anagrama Sagrado" © (2010. Ed. Dunken, Bs As, Argentina).

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