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El Lehendakari vasco, Iñigo Urkullo, al igual que el presidente Pedro Sánchez, se muestran partidarios de la legitimación de ETA (Araba Press)

Los gobiernos vasco y español promueven la exaltación y justificación de ETA

Hace unos días en la presentación en Vitoria del libro “Memorias del Terrorismo en España”, publicada por el Centro Memorial de la Víctimas del terrorismo su coordinador, Raúl López Romo, avisó de la existencia de una serie de unidades didácticas y videos para los centros escolares promovidos por el Gobierno vasco, donde mediante la vieja técnica de la “argamasa” propagandística se acababa legitimando la existencia de ETA.

En el debate la cuestión del relato tras la desaparición de ETA se vio desconsoladamente ampliado, cuando varios enseñantes informaron de que sólo en siete centros escolares del País Vasco pudieron acceder con unidades didácticas, acordadas con las asociaciones de víctimas del terrorismo durante los últimos años, cuando, solamente en el último, COVITE ha denunciado ciento sesenta y cinco actos de recibimiento y enaltecimiento del terrorismo en el País Vasco. Resulta evidente que la posibilidad de crear un relato condenatorio del terrorismo vasco es más que remota. Por el contrario, de persistir esta dinámica, ETA acabará siendo legitimada frente a esta “falsa democracia continuadora de la dictadura de Franco”. Y de esta situación no sólo tiene la culpa el nacionalismo.

No es de extrañar que el director de derechos humanos del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, promueva una iniciativa a favor de la legitimación de ETA ante las futuras generaciones de vascos. Él procede de ese mundo, pero, además, tras las movilizaciones populares por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el temeroso de un fin traumático de la banda terrorista acordó con ella el Pacto de Estella, expulsando de cualquier relación política a las formaciones no nacionalistas. El interés del nacionalismo llamado moderado por salvar la imagen y la historia de ETA es evidente. Del nacionalismo vasco ni siquiera se puede criticar a ETA, es lo que pasa con este tipo de ideologías.

No es de extrañar que consejos escolares y directores de colegios evitaran, y sigan evitando, que se presente en sus aulas cualquier relato crítico con ETA. No es sólo que el PNV muestre sus reticencias al respecto, es que el Gobierno socialista de y sus enviados, como Egiguren, pasaron más de dos años en unas larguísimas negociaciones con la banda, cuando ésta ya estaba derrotada por la acción de la Guardia Civil. Actuación que le otorgó dignidad, estatus político, e influencia, con la mediación de instituciones y gobiernos europeos. Ante ETA dignificada por el gobierno socialista y la tutela del Gobierno vasco, ¡qué estúpido ciudadano se niega a las unidades didácticas de este último, y permite públicamente el rechazo a ETA¡.

Pero, además, hace unos días nos acabamos de enterar por Egiguren que en aquellas negociaciones el presidente Zapatero estuvo dispuesto a indultar a presos de ETA, y se sospecha que existiera la idea de modificar la Constitución para dar acogida a las reivindicaciones terroristas, y que en el mes pasado el mismísimo Zapatero hizo un alto en su defensa del régimen de Maduro y estuvo negociando con Otegi el apoyo a los presupuestos de Sánchez. Al fin y al cabo, el actual Gobierno lo es por el apoyo de todos los grupos antisistema y separatistas del Congreso, incluidos los que apoyaron a ETA.

Ardua tarea que en ese contexto, unos pocos enseñantes y asociaciones de víctimas intentaran llevar a las aulas el discurso deslegitimador de ETA, cuando el Gobierno vasco promueve el contrario, su  legitimación, y el haya estado ensalzando su historia en unas negociaciones al más alto nivel, duraderas y con todo tipo de concesiones, con declaraciones en el Congreso de los diputados y en el Parlamento europeo, precisamente al día siguiente de que ETA robara trescientas cincuenta pistolas y más de una tonelada de explosivos en una armería en Francia. Con sinceridad, habría que decirles a esos enseñantes y asociaciones de víctimas que pierden el tiempo intentando deslegitimar a ETA y a sus acólitos, cuando los gobiernos vasco y español promueven la exaltación de ETA. Y en esto tiene una culpa criminógena el socialismo español.

Parece una estupidez que las víctimas, y algún esforzado enseñante, intenten declarar la maldad de ETA cuando nada menos que el Tribunal Constitucional, por empeño de Zapatero y gran parte del PSOE, legalizó a los que promovieron y apoyaron la socialización del sufrimiento sin que tuvieran que rechazar el pasado terrorista de ETA. El Tribunal Constitucional, contradiciendo al Tribunal Supremo, sin que ni siquiera estuviera desmovilizada ETA, con la única condición de que HB no hiciera apología del terrorismo en el futuro, pero sin obligar a que condenaran los del pasado, legalizó a todos los corifeos de ETA, que son los que hoy, persiguen a los guardias en Alsasua o hacen actos de recibimiento o exaltación de ETA cada pocos días en . Pasando por alto, o premeditadamente aceptando, que el que no critica el pasado está proyectándolo en el futuro. Y el Gobierno frentepopulista no dirá nada porque depende de sus votos hoy. A ver quién es el director de colegio que se la juega dejando a una víctima que no haya desistido de su condena a ETA  entrar en sus aulas.

El Gobierno de Sánchez necesita los votos de los terroristas del pasado, pero no sólo eso: el socialismo de Sánchez reniega del sistema de convivencia política que la Transición hizo posible. Por lo que le parece legítimo negociar con ETA, legalizar a HB, comprender los excesos golpistas del nacionalismo catalán y enviar a Iglesias a la cárcel a negociar con Junquera la continuidad de su Gobierno frentepopulista.

En un magnifico artículo Ruíz Soroa (“La Nueva Memoria”, El País, 17,10, 018) se pueden apreciar las claves ideológicas en las que se mueve el socialismo de Sánchez, donde se promueve este comportamiento subversivo desde el mismísimo centro del poder. Más o menos lo que hizo el bolivarismo en Venezuela. En la nueva reforma de la Ley de  Memoria Histórica, Soroa aprecia el carácter no inclusivo de su normativa, por el contrario, es una ley sólo para los antifranquistas y legitimador de su proceder, fuera o no democrática su praxis. Pero, además, exigiría al Estado (es decir, al rey, art. 29.7º) pedir perdón por la rebelión del 36 y su posterior dictadura, como si estos cuarenta años de democracia fueran la continuidad del franquismo. Amén de que la simple justificación del mismo, que no su exaltación, sería delito (lo que no ocurre con ETA).

El espacio político que el socialismo actual nos abre es el del rechazo de la Transición democrática, y la legitimación, como ya en su día declarara Pablo Iglesias, de ETA como la única fuerza que supo oponerse a la farsa democrática sucesora del franquismo. En este contexto es evidente que cualquier subversión a lo existente, desde los delitos de ETA a la rebelión nacionalista en Cataluña, tienen su acogida en el primer Gobierno biolivariano y frente populista que España padece.

Que Julen Madariaga, fundador de ETA, venga a justificar la existencia de ETA en la introducción de las unidades didácticas que va a entregar el Gobierno vasco no es más que una faceta dolorosa del proceso de destrucción de la convivencia democrática y del Estado de derecho que ya iniciara Zapatero.

Queridos enseñantes bien intencionados que queréis deslegitimar a ETA, ved que el problema es político, no de buenas voluntades, y que el origen reside en el viraje antidemocrático de los que nos gobiernan.

Acerca de Eduardo Uriarte Romero

Eduardo (Teo) Uriarte Romero nació en Sevilla en 1945, trasladándose a Vitoria en 1953. Es doctor en periodismo por la Universidad del País Vasco. Militó en ETA en 1964, estando en busca y captura desde 1967. Fue condenado en el Proceso de Burgos en 1970 a dos penas de muerte. Amnistiado en 1977 formó parte del núcleo que constituyó Euskadiko Ezkerra (EE). Participó en el desmantelamiento de ETA pm, fue parlamentario vasco por EE en las dos primeras legislaturas y posteriormente concejal por el PSOE-PSE en el ayuntamiento de Bilbao, dónde finalizó su carrera política como teniente de alcalde. Posteriormente fue gerente de la Fundación para la Libertad. Periodista colaborador en diferentes publicaciones, ha escrito "La Insurrección de los vascos en 1833" (1978), sus memorias, Mirando Atrás (2002) y "Tiempos de Canallas" (2013). Ostenta la medalla al mérito Constitucional.

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