Inicio / Política / Opinión / Un proyecto para la demolición de España

Un proyecto para la demolición de España

Nos encontramos de nuevo ante un proyecto de demolición de como en el 36. En este caso se trata de demoler la democrática, que con tanto esfuerzo se hizo por parte de todos, para que pudieran convivir pacíficamente ciudadanos con ideologías distintas, incluso contrapuestas.

Como ha escrito Stanley Payne, la Transición fue la demostración de que los españoles habían aprendido las lecciones de la historia y no querían repetir los mismos errores. Pero, en su inmensa mayoría, los actuales dirigentes de los partidos políticos no han leído la historia de la II República, ni tienen intención de leerla. Para eso se ha promulgado la ley de la Memoria Histórica, que ahora se quiere reformar con un paso de rosca más, para que sólo haya un relato oficial. (Igual ocurre en el País Vasco con el relato oficial que pretende ocultar el terrorismo de ETA, una banda criminal que asoló a España durante décadas).

El lema de la Ilustración proclamado por Kant era: “Atrévete a pensar”. En la España del siglo XXI, si te atreves a pensar por tu cuenta y discrepas del relato oficial establecido por la ley de Memoria Histórica, terminarás en la cárcel.

El error de la II República fue excluir a media España, por suponer que no eran republicanos, sino monárquicos; o bien, ciudadanos poco convencidos de las bondades de la república. Una suposición interesadamente falsa (“fake”), porque, ante la huida vergonzosa del rey Alfonso XIII dejando desamparada a su propia familia, muchos monárquicos se sintieron abandonados y se dispusieron a vivir en la II República, para evitar el vacío de poder causado por el propio monarca. (Recientemente, hemos vivido un hecho similar, con la vergonzosa huida del presidente Rajoy del hemiciclo durante la ).

Muchos ciudadanos españoles durante la II República no pudieron expresar públicamente sus ideas, ni mucho menos gobernar. Se cerraban los periódicos monárquicos en base a la ley de Defensa de la República, que recuerda a la ley de la Memoria Histórica. Mientras tanto, los partidos separatistas catalanes y vascos podían seguir adelante con su proyecto de ruptura de España. Cuando la CEDA ganó las generales de noviembre de 1933 no se permitió su entrada en el gobierno, para no aumentar la crispación. Cuando en octubre de 1934 entraron en el gobierno republicano los primeros ministros de la CEDA, los socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero promovieron la sangrienta Revolución de Octubre, en contra del gobierno legítimo de la II República, elegido democráticamente.

Para hacer frente a las elecciones de 1936, unieron sus fuerzas partidos políticos ideológicamente muy dispares, como los republicanos burgueses, socialistas, comunistas, y separatistas vascos y catalanes, formando el . Como recientemente han demostrado Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, el ganó las elecciones de 1936 con fraude y .

La moción de censura del pasado junio se ganó con fraude por parte del , porque su dirigente, Pedro Sánchez, afirmó en el hemiciclo que iba a constituir un gobierno con la finalidad de convocar rápidamente unas elecciones. Si lo hubiera hecho así, hubiera sido un gobierno legal y legítimo, y probablemente habría ganado las elecciones de haberlas convocado en otoño; pero la realidad nos demuestra que, una vez asentado en el poder, el pretende disfrutarlo a tope, al menos hasta el año 2020; contando tan solo ochenta y cuatro diputados de un total de trescientos cincuenta.

Lord Acton tenía razón cuando afirmaba: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Esta es la razón por la que siempre hay que poner límites al poder.

Tras la moción de censura, el periódico El País publicó un editorial el día 1 de junio bajo el título “Un Gobierno inviable”; completaba el titular afirmando: “La moción desalojará a Rajoy, pero no generará más estabilidad política”. Estoy convencido de que hoy no publicaría ese editorial. ¡Hay que ver lo que ha cambiado El País en tan poco tiempo!

No sólo es jocoso, sino significativo, que en los medios de comunicación se haya llamado al señor Sánchez, doctor “Cum Fraude”.

La otra palabra clave es violencia. La sociedad española de los años 30 era extremadamente violenta, incluso el propio Gobierno en sus actuaciones era violento; recuérdense los sucesos de Casas Viejas, durante el Gobierno republicano de don Manuel Azaña. Nos tenemos que congratular que hoy en España no exista ese grado de violencia. Es una obligación de todos – la primordial – salvaguardar la convivencia pacífica como el bien más preciado.

Se discute ahora si durante los sucesos de otoño del año pasado en Cataluña hubo o no violencia; es decir, si hubo rebelión o sedición. Que hasta ahora no haya habido violencia con muertos y heridos es un logro, que no han llegado a entender los jueces de Schleswig- Holstein; probablemente por vivir en una sociedad que utiliza la violencia para oponerse a la construcción de un simple aeropuerto. Las masacres sangrientas en Estados Unidos se están repitiendo últimamente con alarmante frecuencia.

Si bien no se han producido hechos sangrientos, ha habido – y sigue habiendo- una intimidación en Cataluña que impide que un estudiante catalán pueda elegir el español como lengua vehicular, que la bandera española ondee en los ayuntamientos como sucede en Francia, y que los comerciantes en Cataluña rotulen en castellano. Los separatistas catalanes piden diálogo, pero ellos no dialogan con los comerciantes, simplemente les multan.

Esa misma intimidación se está extendiendo a toda España, cuando se permiten los ultrajes a la bandera o al rey, en aras a la libertad de expresión, mientras se condena con multas severas la publicación de poemas sexistas referentes a Irene Montero. Esa intimidación se quiere institucionalizar con la reforma de la ley de Memoria Histórica promovida por el PSOE, que conducirá a la existencia de presos políticos; es decir, de ciudadanos presos, no por sus actos, sino por sus ideas políticas; algo que no ocurría desde 1975.

Es preocupante que los socialistas hayan firmado un acuerdo con Podemos en un documento que figura el membrete del Gobierno de España. No se trata de un compromiso coyuntural para la aprobación de unos presupuestos, sino un principio de acuerdo para la demolición de la monarquía parlamentaria, que los españoles nos dimos libremente en el año 1978, con el argumento esgrimido por algunos políticos de que los españoles nacidos en los años setenta no pudieron votar.

Tras las elecciones del 36, el objetivo del Frente Popular fue demoler la II República como ámbito de convivencia, para instaurar la dictadura del proletariado teniendo como referente a la Unión Soviética. Como decía don Julián Marías, que fue soldado del ejército republicano y admirador de Besteiro, en Madrid no se veía la bandera republicana, sino que proliferaba la bandera roja con la hoz y el martillo; es decir, la roja. En esa etapa, el republicano burgués Azaña, se convirtió en un simple compañero de viaje de los socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto y de los emergentes comunistas de Carrillo.

Tras la moción de censura, el objetivo del actual Frente Popular es demoler el régimen de la Transición como ámbito de convivencia en el que caben todos, para instaurar un régimen totalitario, que tenga como referente la Cuba de los Castros y la Venezuela de Chavez y Maduro. En esta etapa, el socialista Pedro Sánchez es el compañero de viaje de Pablo Iglesias.

Como los símbolos son importantes, para muchos dirigentes políticos no basta con exhumar a Franco del Valle de los Caídos, sino que es necesario demoler la cruz que se alza en el valle de Cuelgamuros. Dicha pretensión nos recuerda la voladura de los budas gigantes que los talibanes hicieron en Afganistán. Estamos ante el mismo tipo de actos: la imposición de un régimen totalitario por la fuerza. Esto es: el asalto al cielo.

Como se dice vulgarmente: “Cualquier imbécil puede derribar un granero, pero para construirlo se necesita un carpintero”.

La de 1978 fue una auténtica filigrana, en absoluto perfecta; pero que ponía de manifiesto la voluntad de todos de convivir pacíficamente tras la II República, la guerra civil y la dictadura.

Durante el siglo XIX hubo cinco constituciones (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876), sin contar el Estatuto Real de 1834. Una constitución nueva cada quince o veinte años no evitó que durante el siglo XIX hubiera tres guerras civiles y una efímera república federal, que provocó una guerra cantonal con la intervención extranjera de la fragata acorazada inglesa HMS Swiftsure y la alemana SMS Friedrich Carl.

Con Rodríguez Zapatero, pero sobre todo con Pedro Sánchez, se ha producido un cambio generacional; los actuales dirigentes políticos han nacido a partir de los setenta: Pedro Sánchez (1972), Pablo Iglesias (1978), Albert Rivera (1979), Santiago Abascal (1976) y Pablo Casado (1981). Ninguno de estos dirigentes conoció el franquismo, ni vivió la Transición. Han vivido en una sociedad próspera y pacífica, como nunca antes habían soñado sus abuelos.

Los dirigentes socialistas que hicieron la Transición eran conscientes de las limitaciones que impone la prudencia; renunciaron a muchas ideas que les eran queridas, como el marxismo-leninismo o el republicanismo a ultranza, en aras a una convivencia que ha permitido la alternancia pacífica en el poder. Dichos dirigentes socialistas hoy no cuentan nada en el panorama político, son auténticos jarrones chinos; forman parte de la generación augusta, con fama pero sin poder.

España está en manos de la generación cesárea. Según Ortega, es la generación que tiene el mando; en la actualidad, la de los nacidos en los setenta. Esto es, la de nuestros hijos.

Reto a la generación cesárea a que, cuando indefectiblemente tenga que ceder el poder, presente un balance superior al de la generación augusta.

A los dirigentes políticos, sean del partido que sean, sólo les pido dos cosas: que garanticen un marco de convivencia pacífica y que reduzcan los impuestos en la medida de lo posible. El resto, es decir, la creación de riqueza, es función de los ciudadanos. Todos los días me sorprende el ingenio de las personas capaces de crear negocios nuevos que, prestando un servicio a la sociedad, generan beneficios. La riqueza no la crean los políticos, la crean los ciudadanos, siempre que no les esquilmen con los impuestos y puedan vivir en paz.

Acerca de Juan Manuel Blanco Rojas

Licenciado en Ciencias Físicas y diplomado en Ingeniería Nuclear por el Instituto de Estudios Nucleares (antigua JEN). Su experiencia profesional se ha desarrollado durante 32 años en la centrales nucleares de Almaraz y Valdecaballeros, participando en todas las etapas del proceso, desde su lanzamiento hasta la explotación comercial de Almaraz; ocupando los cargos de Jefe de Seguridad Nuclear, Combustible y Medio Ambiente; Jefe de Ingeniería y Subdirector Técnico. En la actualidad es jubilado y pensionista de la Seguridad Social.

Compruebe también

Golpismo catálan/español y golpismo USA

  Creíamos que la democracia USA no solo era un modelo de democracia consolidada –algo …