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Congreso de los Diputados (1908). La democracia y el Estado de Derecho se basa en el estricto cumplimiento de la Ley

Lo importante y lo accesorio en el Estado de Derecho

Muchos españoles, por no decir la inmensa mayoría, consideran que lo fundamental es vivir en una , cuando eso es lo secundario. Lo importante es vivir en un , en el que todos los ciudadanos, incluyendo los gobernantes, cumplan las leyes y esos mismos gobernantes, democráticamente elegidos, las hagan cumplir a quienes las incumplan.

Hecha la salvedad de , la democracia es un invento relativamente reciente, entendiendo por tal la elección de los gobernantes por todos los ciudadanos mayores de edad sin excepción, sean hombres o mujeres, contribuyentes o no. Estados Unidos ha sido el primer país, que desde su origen (1776), se constituyó como democracia. Causó tanta sensación en Europa, que un ilustrado francés, Alexis de Tocqueville, viajó a América para estudiar tan extraño régimen; nos dejó sus impresiones en un libro que es de obligada lectura (“La democracia en América”) para cualquier ciudadano que afirme tener educación universitaria, o superior, sea tanto de ciencias como de letras.

Pero volvamos a Atenas. Es sabido que la ciudad-estado de Atenas estaba constituida como una democracia; pero allí no podían votar todos los ciudadanos, solamente los hombres, siempre y cuando contribuyeran económicamente al sostenimiento de la ciudad y, sobre todo a su defensa, como soldados hoplitas. Si se daban estas dos condiciones, podían participar en la toma de decisiones de la ciudad, agrupados por barrios o demos, de aquí el nombre de democracia.

De lo dicho hasta aquí, se deduce que las mujeres no participaban, ni tampoco los siervos, ni muchos habitantes de la ciudad que vivían en ella como comerciantes, pero que no tenían categoría de ciudadanos por no ser naturales de allí, ni haber contribuido a la defensa de la ciudad con su propia persona. Basta leer los Diálogos de , para hacernos una idea de cómo estaba estructurada Atenas. (También los Diálogos de Platón es una lectura obligada para todo universitario, sea de ciencias o de letras).

Leyendo los Diálogos nos damos cuenta de que era un ateniense que tenía todos los derechos de la ciudadanía, porque, siendo mas bien pobre, había contribuido a su defensa como soldado hoplita. De hecho, se había distinguido en una batalla en la que los atenienses habían sido derrotados, pero él supo mantener cerradas las filas de su formación en la retirada impidiendo así una debacle aún mayor.

Por ser ciudadano con todos sus derechos, Sócrates podía intervenir en las decisiones de la ciudad. Sin embargo, eludió intervenir activamente en la política dedicándose a la especulación filosófica, porque la política en Atenas –como en la actualidad– es una máquina de triturar carne humana. Sócrates salió muy mal parado de los dos juicios en que participó, porque su posición era contraria a la de la mayoría; hoy diríamos que emitió un voto particular. En particular, tuvo que juzgar a los capitanes (estrategos) que habían participado en la batalla naval de las Arginusas. En dicha batalla, Atenas salió derrotada y se juzgó al capitán que no había auxiliado a varias naves trirremes que habían resultado dañadas. La mayoría, aleccionada por los mandamases de turno, quería condenar a muerte al capitán, y Sócrates se opuso, por lo que fue malquisto.

Todo el mundo sabe que Sócrates fue condenado a muerte, democráticamente, por un tribunal, porque había demostrado en el ágora en innumerables ocasiones que los forjadores de la opinión pública no sabían nada; es decir, que eran unos ignorantes. Y esto lo hizo simplemente dialogando de forma lógica. Hoy diríamos que Sócrates fue la primera víctima de la dictadura de lo políticamente correcto.

Los amigos de Sócrates le invitaron a que huyera, a que se exiliara, y no quiso hacerlo, porque para él lo importante no era vivir, sino vivir dignamente. Él mismo se pregunta si por conservar la vida, ¿vas a vivir adulando y sirviendo a todos?

Todo esto lo sabemos leyendo los Diálogos de Platón y en particular el Critón, que se desarrolla una vez que se ha hecho firme la condena a muerte de Sócrates.

En dicho diálogo, Sócrates se pregunta a sí mismo como si las leyes de Atenas le estuvieran preguntando en el juicio:

Sócrates.- “En efecto, nosotras (las leyes) te hemos engendrado, criado, educado y te hemos hecho partícipe, como a todos los ciudadanos, de todos los bienes de que éramos capaces, a pesar de esto proclamamos la libertad, para el ateniense que lo quiera; si no le parecemos bien, tome lo suyo y se vaya adonde quiera. […] El que de vosotros se quede aquí, viendo de qué modo celebramos los juicios y administramos la ciudad, ya está de acuerdo con nosotras en que va a hacer lo que nosotras ordenamos; y decimos que, él que no nos obedezca, es tres veces culpable. […]Nosotras proponemos hacer lo que ordenamos y no lo imponemos violentamente, sino que permitimos un opción entre dos: persuadirnos u obedecernos; y el que no obedece no cumple ninguna de las dos”. (Diálogos, Platón, “Critón”, Biblioteca Clásica Gredos, 2000. Traducción J. Calonge).

Antes de abandonar Atenas quiero subrayar que, en aquella época, era ciudadano ateniense – con todos sus derechos – aquél que estaba dispuesto a arriesgar su vida en defensa de Atenas y pagaba sus impuestos. Hoy, el primer requisito no se cumple, porque tenemos ejércitos profesionalizados, y el segundo, en gran medida tampoco, porque muchos ciudadanos tratan de eludir impuestos ilegalmente.

También quiero subrayar que la obediencia a las leyes es exigible, porque existe la posibilidad de cambiarlas persuadiendo a todos de la necesidad del cambio. Por esta simple razón, los promotores del golpe de Estado en Cataluña son condenables, porque en vez de elegir la vía del diálogo, persuadiendo al resto de los españoles, han optado por la declaración unilateral de independencia de Cataluña, en forma de república. Esto, en un Estado de Derecho, no basta con que lo diga un simple ciudadano, como yo, sino que lo tiene que decidir el Tribunal Supremo, oídas las partes, en un juicio justo.

El hombre ha vivido sin democracia prácticamente toda su historia, lo que no ha vivido es sin leyes, al menos en Occidente. Cervantes, Lope de Vega, o Velázquez vivieron en una monarquía absoluta, la de los Austrias. ¿Es que la vida en nuestra Edad de Oro no era vividera? ¿Es que no se podía tener una vida plena en los siglos XV, XVI o XVII?

Hoy, nuestros conciudadanos, no pueden vivir sin el móvil, sin la energía eléctrica, sin el agua corriente fría y caliente; pero todo eso son inventos modernos, novísimos. Todos ellos son accesorios, superfluos, no son necesarios para llevar una vida humana plena, digna de tal nombre. Lo que es necesario es vivir en una sociedad constituida como Estado de Derecho (Rule of Law), y eso lo ha sido España a lo largo de toda su historia, sin interrupciones. Entiendo por Estado de Derecho aquél en el que un simple ciudadano puede recurrir a la Justicia, si considera que se han vulnerado sus derechos por abusos del más fuerte.

Y hoy en día, ¿quién es el más fuerte, sino el propio Estado?

Hace años gané un recurso a la Agencia Tributaria. Tras la sentencia del Tribunal Económico Administrativo al cabo de varios años me devolvieron 18.000 €, incluyendo intereses. Me llevé una gran alegría, no sólo por la cantidad devuelta, sino porque era una clara demostración de que vivía en un Estado de Derecho.

La existencia de una justicia imparcial, independiente de los poderes públicos, es condición necesaria para que exista un Estado de Derecho. Así lo puso de manifiesto en su célebre tratado de “El Espíritu de las Leyes”, otra lectura obligada para quien afirme tener una educación superior.

Para que España sea una democracia plena, con mayúsculas, necesitamos un Consejo General del independiente de los políticos. Esta es la asignatura pendiente de los partidos políticos, que se llaman democráticos, y que el próximo día 28 de abril pedirán nuestro voto.

Tenemos una justicia que es independiente en temas menores, como una reclamación tributaria, pero que flaquea si tiene transcendencia política. Por ejemplo, el nombramiento en Consejo de Ministros de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear.

El 5 de febrero de 2013 denuncié dichos nombramientos ante el presidente del Gobierno (Sr. ) y el 6 de febrero, ante el presidente del Congreso de Diputados (Sr. Posada). La denuncia llegó a manos de UPyD, que presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo (TS). Dicho tribunal pronunció su sentencia el 5 de marzo de 2014 (TS.05.03.14). En dicha sentencia hubo votos particulares, y un grupo de siete magistrados (entre ellos, doña Margarita Robles), instó a la parte demandante (UPyD) a que presentara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque, en su opinión, se habían vulnerado sus derechos fundamentales. UPyD presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el 13 de mayo de 2014. Pronto harán cinco años sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado.

Subrayo la seguridad que tendrían los siete magistrados que emitieron un voto particular instando a que UPyD recurriera ante el TC, porque esto supone ir en contra de la misma esencia del Tribunal Supremo, que, por definición, es el tribunal de última instancia.

También hay que resaltar que en la sentencia TS.05.03.14 un magistrado emitió un voto particular entrando en el fondo de la cuestión, pronunciándose en contra de los nombramientos por considerarlo irregular. El resto de los magistrados (la Sala en pleno) no entró en el fondo de la cuestión. En este caso no se aplicó el principio propio y exclusivo del Derecho Administrativo: “In dubio, pro actione”. Es decir, en caso de duda hay que entrar en el fondo de la cuestión, no quedándose en los meros formalismos.

Al día de hoy, el nombramiento de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear sigue siendo conflictivo. El gobierno actual del PSOE acaba de hacer un nuevo nombramiento, en Consejo de Ministros de los futuros consejeros, sin que todos ellos cumplan los requisitos mínimos de formación académica requeridos por la ley.

Para que el nombramiento sea efectivo, se requiere la aprobación por mayoría de 3/5 de la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados, estando de momento en suspenso.

A la vista del pasado y de la presente situación, escribí un correo electrónico el 1 de febrero de este año a diecisiete diputados del PP, miembros de la correspondiente comisión, entre ellos los señores Casado y Martínez Egea, solicitando que no cometieran los errores de 2012 (compadreo PP/PSOE) y que se ajustaran al estricto cumplimiento de la ley. Al día de hoy, no he recibido respuesta de ninguno de los diputados del PP, ni acuse de recibo. No obstante, el PP y la empresa minera Berkeley presentaron sendos recursos contra dichos nombramientos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que recientemente los ha admitido a trámite.

Al igual que muchos españoles, me siento orgulloso de España, porque es un gran país en el que vale la pena vivir. No obstante, tiene fallos evidentes, clamorosos, como la deficiente actuación de la justicia en asuntos de transcendencia política. Por eso, sigo el consejo de Sócrates, y, a través de este artículo publicado en Kosmos- Polis, trato de “persuadir” a mis compatriotas de aquellos cambios que considero necesarios.

Estos días estamos viviendo con preocupación el pulso que están echando los dirigentes de la al ordenamiento jurídico español. Contrariamente a lo que afirman, no dialogan; no tratan de “persuadir” al resto de los españoles de la idoneidad de sus argumentos, simplemente tratan de imponerlos sí o sí.

En mi opinión, es preocupante que un grupo de destacados dirigentes políticos autonómicos trate de imponer sus ideas. Pero es más preocupante que el presidente de Gobierno de turno – ayer Rajoy, hoy – no haga cumplir la ley.

Todos sabemos que, cuando se accede al cargo de presidente de Gobierno se jura, o promete, cumplir y hacer cumplir la ley. Esta es una fórmula tan manida, que casi ha perdido su valor. Merece la pena que reflexionemos sobre ella.

Todos los ciudadanos tenemos que cumplir la ley sin poder aducir desconocimiento; lo cual, en principio, parece un poco extraño. En eso, todos los ciudadanos somos iguales, incluso los gobernantes: todos tenemos que cumplir la ley. La prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno, que es exclusiva suya y que no tenemos el resto de los ciudadanos, es que sólo la Autoridad puede hacer cumplir la ley. Es decir, sólo los cargos que están investidos de esa autoridad, pueden hacer cumplir la ley. Por eso, desde tiempo inmemorial en España, los alcaldes de los pueblos pueden llevar el “bastón de mando” desde que juran su cargo.

Lo que es preocupante, por ser importante y no accesorio, es que el presidente de Gobierno de turno de España no haga cumplir la ley. Ni en el pasado lo hizo el señor Rajoy, y yo lo denuncié por carta, ni en la actualidad lo está haciendo el señor Sánchez.

La economía es importante, el pago de las pensiones es importante; pero aún es más importante que nuestros gobernantes hagan cumplir la ley.

¿Por qué nuestros gobernantes no hacen cumplir la ley, sean del partido que sean? Porque en España, como en muchos otros países, impera un buenísmo que es falso. Es la auténtica FAKE NEWS, con mayúsculas.

Últimamente hemos leído varias entrevistas que distintos periódicos han hecho al hispanista norteamericano , con motivo de la publicación de su último libro sobre la II República. La idea que nos transmite Payne es bien clara: la II República fue democrática – con imperfecciones evidentes – hasta que, tras las elecciones de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular con fraude y violencia, dejó de serlo cuando los gobernantes dejaron de hacer cumplir la ley, permitiendo que bandas de pistoleros de uno y otro signo político se adueñaran de la calle.

Si nuestros gobernantes políticos de hoy siguen haciendo dejación de sus funciones, permitiendo que no se cumpla la ley por parte de las autoridades catalanas, tarde o temprano terminaremos como en julio del 36.

Ante las próximas elecciones generales del 28 de abril, yo me permitiría hacer a mis conciudadanos la recomendación de que voten al partido que consideren que, por encima de todo, hará cumplir la ley, sea de izquierdas o de derechas, y que lleve en su programa el compromiso de garantizar la independencia del Poder Judicial.

Acerca de Juan Manuel Blanco Rojas

Licenciado en Ciencias Físicas y diplomado en Ingeniería Nuclear por el Instituto de Estudios Nucleares (antigua JEN). Su experiencia profesional se ha desarrollado durante 32 años en la centrales nucleares de Almaraz y Valdecaballeros, participando en todas las etapas del proceso, desde su lanzamiento hasta la explotación comercial de Almaraz; ocupando los cargos de Jefe de Seguridad Nuclear, Combustible y Medio Ambiente; Jefe de Ingeniería y Subdirector Técnico. En la actualidad es jubilado y pensionista de la Seguridad Social.

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