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Después del COVID19: sociedad de progreso o de retroceso

A través de un artículo publicado el 10 de abril en el periódico La Nación de Argentina firmado por Paul Clarel, se hace un análisis de por qué ha tenido más éxito a la hora de limitar la propagación del que Italia o . La clave está en determinar la cadena de contagio, identificando al paciente 0, mediante la realización de pruebas masivas a la población; mientras que en Italia y España las pruebas se han limitado a los pacientes hospitalizados.

Al final de este artículo, se incluye un enlace al informe completo de Paul Clarel (1). No obstante, las conclusiones de dicho artículo son las siguientes:

El paciente 0 de Alemania fue una trabajadora de una empresa de automoción de Baviera, que es de origen chino; habitualmente trabaja en Shanghai, donde la visitaron sus padres que viven en Wuhan. Cuando viajó a Alemania el 19 de enero, inicialmente achacó sus síntomas al jet lag del vuelo, hasta que se determinó con pruebas fehacientes que estaba contaminada con el Covid 19. Las autoridades alemanas del land de Baviera se pusieron inmediatamente en marcha, junto con la empresa de automoción, y determinaron la cadena de contagio, haciendo las pruebas correspondientes. Se mantuvo en secreto la identidad de la paciento 0 alemana; no se la estigmatizó, porque se considera que es una trabajadora eficiente.

El 28 de enero la empresa de automoción implantó un cierre temporal de sus instalaciones; sin embargo, en la actualidad, sus oficinas ya han abierto. A mediados de marzo, el land de Baviera canceló la actividad y la vida pública, y desde el 22 de marzo están cerrados las escuelas, comercios, restaurantes, centros deportivos y recreativos en toda Alemania.

Según el artículo citado, al 9 de abril pasado, se reportaron en Alemania 114.336 casos de infectados, 2349 de muertos y 57.724 de recuperados.

Alemania se encuentra en el puesto 4 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 434237, España 152446, Italia 139715, Alemania 114336, Francia 113959, China 83887, Irán 66220, Reino Unido 61474, Turquía 38226, Bélgica 24983.

¿Qué diferencias hay entre Alemania y España?

 En nuestro país no se han hecho pruebas masivas a la población que presentaba síntomas claros; estas pruebas se han reservado para determinadas personalidades (Carmen Calvo, Irene Montero, Begoña Gómez, etc.), que participaron en la manifestación del 8M. Tampoco se han extendido a los colectivos más expuestos: personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Peor aún, nuestro Gobierno no se ha preocupado por acopiar las correspondientes pruebas, hasta el punto de que ha sido noticia en los periódicos digitales que se permitió a una empresa española que los fabricaba exportarlos hasta el 15 de marzo, pese al aviso de la OMS (2).

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, alardeó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados de ser el país que había aplicado las medidas más estrictas, por ejemplo, el confinamiento absoluto de toda la población en sus casas, incluso a los niños, que están padeciendo con dificultad el confinamiento. Dando por válida, que no lo es, la afirmación del Gobierno, ¿cómo se explica que España tenga la tasa más altas de muertes por millón de habitantes? Y esto, suponiendo que sólo se han contabilizado como muertos por corona a los que se les ha hecho las pruebas del . El Gobierno afirma que este criterio implica una contabilidad rigurosa; en mi opinión es un autoengaño, porque al no haberse hecho pruebas masivas a todos los fallecidos, no se ha podido saber el número de defunciones por corona . En breve sabremos la verdad, en cuanto conozcamos los datos de defunciones de este primer cuatrimestre en comparación con los del año pasado. Pero aquí no se trata de saber la verdad, sino de ganar tiempo, aunque sean unos pocos meses.

Analicemos las medidas que se han aplicado en España contra la del Covid19 desde el punto de vista de la modernidad y el .  

Es indiscutible que el confinamiento es una medida imprescindible y eficaz; pero es una medida que ya se utilizaba en la Edad Media para combatir la peste. Recordemos a los jóvenes florentinos que huyendo de la peste negra de 1348 se confinaron en una villa, lejos de la populosa Florencia, dando lugar al Decameron de Boccaccio.

Las mascarillas y los guantes no son nada modernos, sino productos de toda la vida. No obstante, el Gobierno ha sido incapaz de dotar con los medios de protección más elementales a los colectivos más expuestos. También por los periódicos digitales, nos enteramos de que el Gobierno se ha incautado de las mascarillas que los supermercados habían comprado para sus empleados (3). La política del Gobierno en relación con las mascarillas ha sido errática. Inicialmente no eran partidarios, para no alarmar innecesariamente a la población. Ahora, un mes después, parece que las mascarillas son imprescindibles para viajar en el transporte público.

Las pruebas o tests para determinar la existencia del Covid19 se basan en conocimientos científicos adquiridos en el siglo XX, el siglo pasado. Esto no resta importancia a las mismas, todo lo contrario; han sido la clave del éxito alemán. Sin embargo, el Gobierno ha sido incapaz de comprar tests masivos y cuando lo ha hecho, le han estafado.

Los respiradores, o las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), son mejoras técnicas sanitarias que también se desarrollaron en el siglo pasado.

 La necesidad ha impulsado a algunas empresas, como SEAT, a fabricar respiradores, una medida que el Gobierno debería haber alentado con carácter general, para evitar la dependencia del exterior (4).  La clave del desarrollo de los respiradores de SEAT ha estado en la impresión 3D, una técnica que se creó en los años 80 del siglo pasado y que en la actualidad está muy extendida.

Iniciativas como las de SEAT se han dado a lo largo y ancho de la geografía española, porque tenemos una ciudadanía muy imaginativa y emprendedora, siempre que se la estimule y no ahogue.

¿Qué es lo auténticamente moderno, lo propio del siglo XXI? Las aplicaciones informáticas a través de los móviles que permiten la geolocalización personal, y que se han utilizado con gran éxito en Corea del Sur para el control de la pandemia. Al igual que en Alemania la clave está en el diagnóstico rápido de la cadena de contagio, y para ello son necesarias las pruebas y la identificación de los posibles contagiados con aplicaciones informáticas que permitan su localización.

En España no hemos hecho uso de las últimas que están al alcance de nuestra mano. En el informe mensual que Google Maps me envía con mis desplazamientos, el del último mes, antes del confinamiento, indica pormenorizadamente todos los desplazamientos que he hecho, tanto en coche como a pie; también incluye imágenes de los sitios, mediante fotografías propias que he realizado con mi móvil, o imágenes de Google. Como la memoria es débil, la información que facilita Google es una herramienta útil para recordar con quién hemos estado en contacto y, en caso de pandemia, a quién se ha podido contaminar. Tras el decreto del estado de alarma, puedo demostrar documentalmente que llevo confinado varias semanas en una casa de la sierra de Madrid, ya que en el informe de  Google Maps figura un punto y no aparece ningún desplazamiento.

 Ya sé que para muchos ciudadanos esto supone una pérdida de su privacidad. Pero es muy fácil evitar este tipo de informes. Basta con desactivar la ubicación del móvil, medida que adoptan muchas personas por principio. También es suficiente con borrar el historial de desplazamientos de Google, o no utilizar Google como navegador. Este tipo de informes es voluntario y gratuito. Google a cambio de este servicio, incluye anuncios de los comercios y restaurantes de las zonas visitadas.

Pero, para nuestro Gobierno, Google es un coloso que es necesario batir; por eso han propuesto la tasa Google. En vez de apoyarse en las grandes empresas, que han cambiado nuestras vidas con sus desarrollos tecnológicos, les han declarado la guerra, enviándoles el mensaje de que en España no son bienvenidos.

Para muchos españoles, incluido el actual Gobierno de España, Google es un enemigo al que hay que destruir, o al menos hacer la vida imposible. Por eso, yo quiero romper una lanza a su favor.

Me gusta leer libros de historia antiguos y a través de Google Books, en muchas ocasiones, los puedo localizar en formato digital y descargarlos en mi ordenador. El último que he obtenido es la Historia del Nuevo Mundo de Juan Bautista Muñoz, editado en Madrid en 1793.

Esto no quiere decir que Google Books sea la única fuente de libros antiguos en español. Numerosas instituciones de nuestro país han hecho un esfuerzo encomiable digitalización de sus fondos documentales. Por citar un solo ejemplo, hago referencia a la Biblioteca Virtual de Andalucía, donde he localizado el libro de Cristóbal Cladera titulado Investigaciones histórica sobre los principales descubrimientos de los españoles en el Mar Océano, publicado en Madrid en 1794.

Lo que me sorprende es que, siendo Google una empresa extranjera, tenga como objetivo la digitalización de fondos documentales españoles antiguos, difíciles de encontrar en nuestras propias bibliotecas. Por este simple hecho, Google merece un respeto y no el permanente ataque de nuestras autoridades gubernamentales.

Estamos viviendo unos cambios prodigiosos, similares a los que ocurrieron en el siglo XV con el descubrimiento y desarrollo de la imprenta de Gutenberg. Gracias a ellos, se hicieron accesibles al gran público los manuscritos que antes sólo disponían unos pocos privilegiados, nobles y monjes. La imprenta fue una de las claves del Renacimiento. Hoy está ocurriendo lo mismo con la digitalización, Internet, los redes de transmisión de datos y los ordenadores. Gracias a estos avances, en la actualidad podemos disponer en nuestras casas de documentación que durante siglos era muy difícil de conseguir. ¿Por qué tenemos que penalizar con impuestos excesivos a las empresas que han hecho posible este milagro?

Amazon es otro gran coloso del comercio no bien visto en España por los gobernantes actuales. Yo soy usuario de Amazon, pero no me considero un comprador compulsivo, sino selectivo, vigilando siempre el precio (entre 30 y 15 €). Dispongo del Echo Dot para la música;  del Fire TV Stick, con el que he transformado una TV normal en otra inteligente (Smart TV) con acceso a series y películas de varias plataformas; también dispongo de un enchufe conectado a Internet sin cables, que me permite encender y apagar desde Madrid la calefacción de la sierra con un aplicación del móvil.

Es cierto que para no ser un comprador compulsivo hay que ser como Ulises, que se ató al mástil de su barco, tapándose los oídos para no escuchar el atractivo canto de las sirenas. Aquí sucede igual, una vez que las empresas conocen tu dirección de correo electrónico, te inundan de anuncios ofreciendo los nuevos adelantos tecnológicos, que son muy atractivos, pero que hay que ignorar.

Google, Amazon, Microsoft, son las grandes empresas tecnológicas, entre muchas otras, que no están bien vistas en España; pero que han hecho mucho más llevadero este confinamiento forzoso. Sus avances nos han permitido el teletrabajo, lo que ha hecho posible que la actividad económica no se haya interrumpido totalmente. Esto ha sido una realidad, más evidente en las empresas  que en la Administración, porque las empresas ya estaban acostumbradas y preparadas para el trabajo a distancia. Dentro de la Administración, ha habido diferencias de unos ministerios a otros y de unas administraciones a otras.

Por eso, resulta inadmisible que, disponiendo de todos estos avances tecnológicos, se haya suspendido la actividad del Congreso de los Diputados durante varias semanas, con el pretexto de la declaración del estado de alarma. Se ha evitado así el control parlamentario del Gobierno, absolutamente necesario en una democracia. Sólo la presión de los partidos políticos de la oposición ha obligado a rectificar a la Presidenta del Congreso.

Al comienzo de cada legislatura, vemos cómo se hace entrega a los diputados de unos artilugios informáticos de última generación, con altas prestaciones y elevado coste, que no están al alcance del ciudadano común. No crítico esta entrega, que en el siglo XXI está justificada y pagamos nosotros con nuestros impuestos; lo que resulta criticable es que no se haga un uso intensivo de estos medios, facilitando el trabajo a distancia de los parlamentarios, como es práctica habitual en las empresas desde  hace mucho tiempo.

Estos días se dice con frecuencia que esta pandemia cambiará nuestras vidas de forma drástica, que habrá un antes y un después. Por eso yo me pregunto, si vamos a retroceder o a progresar. El partido socialista siempre se califica así mismo de progresista, pero en la práctica rechaza todo lo que significa progreso; se opone no sólo a las empresas tecnológicas extranjeras, sino también a los grandes empresarios españoles como Amancio Ortega o Juan Roig, que se han hecho a sí mismos, y han sido capaces de crear grandes empresas partiendo de cero, sin ninguna ayuda estatal. Esto es precisamente lo que más les molesta. En las aulas se enseña a los jóvenes que el empresario es el gran depredador, no un benefactor de la sociedad. El ejemplo de Amancio Ortega y Juan Roig es la prueba de que los españoles no tenemos ninguna tara genética que nos impida ser empresarios. Necesitaríamos miles de jóvenes que tengan como objetivo crear su propia empresa, una vez terminado sus estudios, como sucede en Estados Unidos.

No estoy hablando de grandes empresas. El tejido empresarial español está formado en gran medida por pequeñas y medianas empresas y por un elevado número de trabajadores autónomos. En esta difícil coyuntura, nuestro Gobierno en vez de darles un balón de oxígeno, les está ahogando vía impuestos, justo cuando sus ingresos han caído a cero.


Es indiscutible que los impuestos son necesarios para mantener un Estado en las únicas áreas que le son propias desde sus orígenes: la administración de la Justicia, la defensa del territorio y el orden público.  Es obvio que también se necesitan otros ministerios, pero no tantos como veintidós para contentar a los insaciables dirigentes de los dos partidos que conforman el actual Gobierno, PSOE y Podemos.

Últimamente, muchos españoles se han alarmado con las declaraciones de Fontanelles al diario El Mundo.  Conviene recordarlas en su literalidad:

“[Esta amenaza sanitaria] pondrá de relieve el papel del Estado, que aparece no sólo como el prestamista de última instancia; ahora el Estado es el empleador de última instancia, el consumidor de última instancia, el propietario, porque habrá inevitablemente que capitalizar empresas con nacionalizaciones, aunque sean transitorias, y el asegurador de última instancia. Aumentará la presencia del Estado. Será de forma permanente. Tendremos que acostumbrarnos a no considerar como una carga los sistemas públicos de salud o de seguridad, a no considerarlos como un problema que hay que reducir, sino como un activo esencial de una sociedad. Se cuestionarán las políticas de los últimos años de reducción del papel del Estado, de reducción de los servicios públicos, de reducción de la fiscalidad y va a poner en relieve la necesidad de reformar desde el mercado laboral hasta los instrumentos de lucha por las desigualdades porque la crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la parte más débil de la sociedad. Habrá que construir sistemas estables y permanentes. Se volverán a poner sobre la mesa debates sobre el impuesto sobre el capital, sobre las grandes fortunas, la fiscalidad como instrumento de construir respuestas sociales, permanentes, consolidadas, que no dependan de la generosidad de un momento de crisis. Vamos a hablar mucho de fiscalidad. Espero.”

Yo espero que el vaticinio de Borrell no se cumpla, porque no supondría ningún progreso, sino un auténtico . Implicaría un Estado totalitario, tal y como comenta Jesús Cacho en su artículo de Voz Populi (5). El sólo se puede evitar, si manifestamos de forma razonada nuestro profundo rechazo al modelo que pretende implantar, no sólo Podemos, sino también el PSOE. Existe un modelo de sociedad alternativo, que impulsa el progreso auténtico y el bienestar general, porque se basa en la iniciativa de los ciudadanos, libres e iguales ante la ley, que desarrollan su actividad creadora, gracias a las garantías jurídicas que facilita el Estado de Derecho.

REFERENCIAS

1.- “Pásame la sal”. Artículo de Paul Carrel, Munich. Agencia Reuters. Traducido por Jaime de Arrambide, para La Nación de Argentina, 10 de abril de 2020.

2.- “España exportó test para detectar el coronavirus hasta el 15 de abril, pese al aviso de la OMS”. Libertad Digital, 4 de abril de 2020.

3.- “El Gobierno retiene en las aduanas miles de máscaras que habían comprado los supermercados españoles”. Elena Berberana, Libertad Digital, 4 de abril de 2020.

4.- “SEAT ha fabricado en tiempo récord este respirador artificial para enfermos de coronavirus”. Rodrigo Pareja, Car & Drive, 30 de marzo de 2020.

Acerca de Juan Manuel Blanco Rojas

Licenciado en Ciencias Físicas y diplomado en Ingeniería Nuclear por el Instituto de Estudios Nucleares (antigua JEN). Su experiencia profesional se ha desarrollado durante 32 años en la centrales nucleares de Almaraz y Valdecaballeros, participando en todas las etapas del proceso, desde su lanzamiento hasta la explotación comercial de Almaraz; ocupando los cargos de Jefe de Seguridad Nuclear, Combustible y Medio Ambiente; Jefe de Ingeniería y Subdirector Técnico. En la actualidad es jubilado y pensionista de la Seguridad Social.

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