Inicio / Política / Opinión / Gobierno liberticida
El fracaso de Pedro Sánchez en la gestión del COVID19, está llevando al Gobierno hacia un golpe de Estado institucional

Gobierno liberticida

El día 20 de abril se conoció que el dio a la una orden que luego fue remitida vía correo electrónico a todas las comandancias, en las que se instaba a los agentes a identificar noticias que considerasen falsas y que fueran «susceptibles de provocar desafección a instituciones del Gobierno«.

Digo que el Gobierno dio la orden porque el ministro del Interior en entrevista televisiva el domingo 19 de abril, anticipó el contenido del correo electrónico cuando intentó justificar el «lapsus» del general jefe del Estado Mayor, José Manuel Santiago,  que esa misma tarde había dicho en rueda de prensa que la Guardia Civil tenía la tarea de «minimizar las críticas a la gestión del Gobierno».

Si el ministro, presa del pánico, no hubiera salido raudo en televisión para detallar qué tarea tenía encomendada la Benemérita con el ánimo de apagar el fuego provocado por las declaraciones del general Santiago, el Gobierno habría tenido la oportunidad de endosar a la Benemérita la responsabilidad exclusiva de la orden, arguyendo que se hizo sin conocimiento del Gobierno. Cesar al general hubiera acabado, al menos de momento, con la crisis.

Pero no. Eso ya es imposible porque el inexperto y ansioso ex-juez, conocedor de la trascendencia penal de la orden gubernamental, se precipitó en una imprudente defensa pública del general y lo que hizo fue confesar él y su Gobierno.

Por tanto, gracias a las declaraciones televisivas de podemos afirmar que el Gobierno Sánchez es el responsable del correo electrónico según el cual, se ordena a los agentes del Instituto Armado que persigan supuestos bulos que puedan «provocar desafección a las instituciones del Gobierno».

No voy a entrar en el análisis jurídico de la vulneración de la Constitución que supone que las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan espiar a la población, sin autorización judicial, por orden del Gobierno.

Sólo quiero centrarme en dos aspectos de la frase señalada más arriba en negrita que suponen el reconocimiento expreso por parte del Gobierno de su tono autoritario o liberticida.    

La primera evidencia es que el Gobierno ordena perseguir informaciones que la Guardia Civil considere falsas, pero sólo y exclusivamente aquéllas que puedan provocar desafección a INSTITUCIONES DEL GOBIERNO.

Es decir, la Benemérita no tenía que vigilar y denunciar supuestos bulos que pudiesen  perjudicar al resto de instituciones del Estado (Corona, Comunidades Autónomas, judicatura, cámaras legislativas… ) durante la pandemia, las cuales sí podían ser objeto de crítica o vilipendio puesto que no eran dignas de ser protegidas (véase la campaña contra el Rey que culminó con la cacerolada, ya decretado el primer Estado de Alarma)

Sólo tenía que perseguir aquello que pudiese provocar desafección (dícese de lo que no mueve a estima o afecto) al Gobierno.

Pues bien, podemos decir que tal orden supone un «Watergate» a escala nacional, ya que los potenciales damnificados del escrutinio de la Guardia Civil son todos los ciudadanos que no sientan estima o afecto al Gobierno Sánchez y que así lo manifiesten, incluidos, por supuesto, los partidos políticos de la oposición y sus círculos de influencia.

Esta circunstancia por sí sola supongo que provocará la dimisión inmediata del  Presidente por convertir a en un Estado policial.  

El segundo aspecto que quería comentar de la frase «susceptibles de provocar desafección a instituciones del Gobierno«, ha pasado desapercibido por su sutileza, pero entiendo que no es de una gravedad menor que la «monitorización» al pueblo discrepante tratada en los párrafos anteriores.

Cuando el Gobierno habla de «instituciones del Gobierno» ¿a qué instituciones se refiere?

En la Constitución no hay ninguna institución «del Gobierno». 

Ni siquiera la Administración pertenece al Gobierno, pues el propio Título IV de la Carta Magna distingue «Del Gobierno y de la Administración». 

A mayor abundamiento, su artículo 97 dice expresamente que el Gobierno «DIRIGE la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado».

¿Dónde aparecen, pues, las instituciones que son propiedad del Gobierno?

Todas las instituciones son del Estado o de la Nación, pero en ningún caso del Gobierno porque el Gobierno sólo es UNA institución más del Estado.

Sin embargo, al ordenar a un Cuerpo de la Seguridad del Estado (que tiene la obligación legal de proteger también a los que critican al Gobierno) que cuide SÓLO «a instituciones del Gobierno» (sic) está afirmando que todas las instituciones del Estado (la primera la Guardia Civil) están al servicio de los intereses particulares del Gobierno (no del Estado) con la finalidad de evitar la crítica, la «desafección» del pueblo, lo que supone una auténtica declaración de principios totalitarios.

La extrema relevancia del texto de la orden al perseguir sólo las informaciones «susceptibles de provocar desafección a instituciones del Gobierno«, no ha pasado desapercibida para el propio Gobierno.

Así, hoy mismo, a las pocas horas de haberse publicado en los medios de comunicación el contenido de la orden, el Gobierno por boca del ya famoso general Santiago ha vuelto a desdecirse en rueda de prensa y ha manifestado que investigan los bulos a las «instituciones del Estado».

Recordemos que ésta es la segunda rectificación respecto a que el Gobierno no utiliza a la Guardia Civil en su beneficio, después de la que realizó Marlaska en televisión el domingo 19 de abril, cuando desmintió las declaraciones del propio general Santiago en rueda de prensa esa misma mañana del día 19 referidas a que la Guardia Civil trabajaba para «minimizar las críticas a la gestión del Gobierno».

Sea como fuere, es obvio que lo escrito, escrito está y que lo que diga el general no puede modificar el contenido literal de la orden ¡QUE LLEVA SU FIRMA! y que así se transmitió a las comandancias de la Guardia Civil donde se menciona sólo a las «instituciones del Gobierno».

La inmediata rectificación del general lo único que hace es resaltar aún más el gravísimo ataque a las libertades civiles y a la Constitución que supone la orden gubernamental recibida por el Instituto Armado.

No es la primera vez que estas ridículas correcciones o desmentidos ocurren. Recordemos cuando el mismo Sánchez declaró en una entrevista radiofónica que la «Fiscalía depende del Gobierno» y luego manifestó que había sido un error.

El escaso escrúpulo del Gobierno Sánchez con los valores constitucionales debe ser entendido por el resto de las instituciones del Estado que deben garantizar la libertad de los españoles.

Y el primero que debe hacerlo es el Rey. 

Sánchez se cree que encarna al Estado y por eso obliga a que las instituciones que están destinadas a permanecer cuando él ya no esté (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administración, jueces…) se dobleguen a sus deseos personales de perpetuarse en el cargo. El caso de la orden dada a la Guardia Civil no deja lugar a dudas.

Las declaraciones realizadas hoy (todavía no corregidas) por la ministra de Educación Isabel Celaá, afirmando impunemente que «no podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos en definitiva, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud, y que además van en contra de lo que significan los criterios científicosy la integridad de las instituciones públicas» (sic) son la guinda a un pastel liberticida que el Gobierno nos quiere hacer tragar por lo civil y por lo criminal.

No obstante, Sánchez aún tiene una posibilidad de mostrar su respeto a los españoles y a la Constitución que le ha permitido ser Presidente de Gobierno: dimitir.

Si no lo hace, el Gobierno de Sánchez no engañaría ya a nadie.

Por eso el pueblo jamás podría alegar después de lo ocurrido que ha sido víctima de una estafa.

La explicación del domingo 19 del general Santiago respecto a que la Benemérita trabaja para «minimizar las críticas a la gestión del Gobierno» ha desencadenado una serie de acontecimientos (desmentido de Marlaska al general, conocimiento por los medios comunicación de la orden escrita del Gobierno que desmiente a Marlaska porque efectivamente el Gobierno conminó a la Guardia Civil para que persiguiese noticias «susceptibles de provocar desafección a instituciones del Gobierno«, la ridícula corrección del general a esa orden escrita y firmada por él con la finalidad de tapar la ignominia que supone que el Gobierno utilice a la Guardia Civil en su propio beneficio, y las declaraciones de la Ministra de Educación reconociendo que el Gobierno persigue a través de las Fuerzas de Seguridad del Estado «mensajes negativos» porque los considera «falsos») que permiten a los ciudadanos, y también a sus instituciones, disponer de la prueba definitiva para conocer la auténtica y desasosegante naturaleza del Gobierno.

Si a pesar de ello Sánchez continúa en el cargo cada uno deberá ser responsable de sus actos y asumir las consecuencias.

De momento Marlaska ha anulado la liberticida orden del Gobierno, pero Sánchez no ha dimitido.

¿Pero no decían el propio Marlaska, la Ministra Celaá y el general que todo era legal y en provecho de las instituciones del Estado?

¿Por qué retiran la orden, entonces?

¿Alguien puede tener confianza en un Gobierno que estaba dispuesto a espiar a toda la población que mostrara disconformidad con sus políticas?

¿Alguien puede garantizar que no lo va hacer?

El Gobierno liberticida debe dimitir.

La legitimidad del orden constitucional depende de ello.

Acerca de Jorge Sánchez de Castro Calderón

Licenciado en Ciencias Políticas y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado. Director del blog "El único paraíso es el fiscal". Autor del libro "El único paraíso es el fiscal" @elunicparaiso

Compruebe también

LEVIATHANDEMIA-El virus del pánico (I)

“El Señor envió un pez gigantesco para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás …